El Gobierno quedó contra las cuerdas tras la advertencia judicial por el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. El organismo clave para identificar hijos de desaparecidos atraviesa una situación crítica y crece la preocupación por la preservación de miles de muestras de ADN.
El conflicto por el vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) escaló en las últimas horas y ya involucra directamente al gobierno de Javier Milei, a jueces federales y a organismos de derechos humanos. Después de semanas de denuncias por el recorte presupuestario, la Casa Rosada busca ahora destrabar una crisis que amenaza el funcionamiento del organismo encargado de identificar a los bebés robados durante la última dictadura.
El Gobierno analiza enviar fondos tras la advertencia judicial
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla intimó al vocero presidencial Manuel Adorni para que explique qué medidas tomará el Ejecutivo para garantizar el funcionamiento del BNDG, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Según trascendió desde el oficialismo, el Gobierno analiza destinar una partida extraordinaria de 600 millones de pesos. Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo reconocen que ese monto no alcanzaría para sostener el funcionamiento del organismo hasta fin de año.
La alarma se disparó después de que la directora técnica del Banco, Mariana Herrera Piñero, advirtiera ante jueces y fiscales que ya no podían seguir tomando muestras biológicas por falta de recursos. Actualmente, el organismo conserva alrededor de 32 mil muestras vinculadas a familias que buscan a hijos apropiados durante el terrorismo de Estado o personas que sospechan sobre su identidad.
Advierten que el desfinanciamiento pone en riesgo muestras de ADN y causas judiciales
El panorama expuesto por el organismo es delicado: solo se aprobó el 55% del presupuesto necesario para este año y ya existen problemas para garantizar seguridad, limpieza, mantenimiento y preservación de las muestras.
En un laboratorio de estas características, el deterioro no implica únicamente problemas administrativos. La falta de condiciones adecuadas podría afectar la conservación del material genético y la cadena de custodia utilizada en investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad.
La situación encendió alarmas en fiscales, jueces federales y organismos de derechos humanos. El juez Ernesto Kreplak también intervino y exigió garantizar la continuidad de los cotejos de ADN en causas vinculadas al robo de bebés durante la dictadura.
Mientras el Gobierno intenta contener el impacto político del conflicto, crece la preocupación por el futuro de una institución creada en 1987 por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo y convertida desde entonces en una pieza central para recuperar identidades que el terrorismo de Estado intentó borrar para siempre.
