La Justicia investiga el crecimiento patrimonial del hermano del jefe de Gabinete tras detectar movimientos económicos que no coincidirían con sus ingresos como funcionario y diputado bonaerense.
El escándalo alrededor del denominado Adornigate sumó un nuevo capítulo y volvió a acercarse al corazón del oficialismo. Esta vez, el foco quedó puesto sobre Francisco Adorni, hermano menor del jefe de Gabinete, luego de que la Justicia avanzara con una imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La investigación por el patrimonio y el crédito hipotecario
La decisión fue tomada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien puso bajo investigación el crecimiento patrimonial de Francisco Adorni desde su desembarco en cargos nacionales a partir de diciembre de 2023.
El expediente se abrió luego de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien apuntó a un incremento patrimonial que, según sostiene, no podría justificarse con los ingresos declarados por el dirigente libertario.
Entre los movimientos observados aparece la compra de una camioneta Jeep y la cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos con el Banco Provincia. Según la presentación judicial, esos gastos quedarían fuera del alcance de los salarios percibidos tanto en el Ministerio de Defensa como al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La investigación también explora la posibilidad de que Francisco haya actuado como presunto testaferro de Manuel Adorni, hipótesis que forma parte de la denuncia original.
Ascensos, sospechas y el foco sobre el manejo de fondos
La carrera política de Francisco Adorni creció en paralelo al ascenso del actual jefe de Gabinete dentro del gobierno de Javier Milei. Tras asumir primero como asesor en Defensa, fue promovido a titular de la Unidad de Auditoría Interna y luego designado al frente del IAF antes de llegar a la Legislatura bonaerense.
En ese recorrido, su patrimonio declarado pasó de 43,7 millones de pesos a más de 80 millones en apenas un año, según consta en la denuncia. El fiscal ya ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para profundizar la investigación y determinar el origen de los fondos utilizados.
El expediente también pone bajo la lupa un préstamo de 40 mil millones de pesos aprobado durante su gestión en el IAF para asistir a la obra social militar IOSFA, que terminó siendo disuelta meses después. Pagano sostiene que pudo haber irregularidades en esa operación y pidió investigar posibles delitos vinculados al manejo de fondos públicos.
Mientras avanza la causa, el caso suma presión política sobre el oficialismo y vuelve a instalar preguntas incómodas alrededor del patrimonio de funcionarios cercanos al círculo más íntimo del poder libertario.
