Un proyecto impulsado por la oposición exige respuestas al Gobierno tras la filtración de audios que vinculan a Javier Milei con una red de desinformación en América Latina. Apuntan a una posible injerencia comunicacional.

El oficialismo vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por un episodio que escala del plano local al internacional. La presentación en el Congreso busca esclarecer si hubo participación del Ejecutivo en operaciones digitales contra gobiernos extranjeros, en un contexto político cada vez más tensionado.

Audios, acusaciones y un pedido formal en el Congreso

El diputado Nicolás Trotta presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar “profunda preocupación” y solicitar informes al Poder Ejecutivo. La iniciativa surge tras la difusión de audios en los que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández menciona un supuesto aporte de 350 mil dólares por parte de Milei para financiar una estructura de fake news.

Las grabaciones, difundidas por medios internacionales, datan de enero de este año y exponen conversaciones sobre la conformación de un equipo destinado a desarrollar una “guerra mediática” contra los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. En ese marco, Trotta advirtió que la situación “no solo ataca la libertad de expresión en la Argentina”, sino que también podría implicar acciones de injerencia en otros países.

El proyecto exige que el Gobierno informe si existieron contactos con Hernández o si se impulsaron estrategias de comunicación digital orientadas a influir en la opinión pública extranjera.

Implicancias políticas y el foco en la legalidad

El planteo opositor no se limita al terreno político. En el texto, Trotta advierte que una eventual participación en este tipo de operaciones podría vulnerar principios establecidos en la Constitución Nacional, especialmente aquellos vinculados a las relaciones internacionales y el respeto por otros Estados.

Además, señala que, de confirmarse los hechos, podrían encuadrarse en figuras penales como el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La iniciativa también pide precisiones sobre qué organismos habrían intervenido, bajo qué marco normativo y con qué objetivos.

En paralelo, el diputado cuestionó la reciente creación de una estructura oficial destinada a coordinar la comunicación digital, al considerar que expone una “doble vara” en el discurso del Gobierno frente a la desinformación.

Mientras el Congreso comienza a mover la discusión, el episodio suma presión sobre la Casa Rosada y abre un frente que excede la disputa interna, con impacto potencial en el posicionamiento internacional del país.