El Gobierno prohibió el ingreso de medios a la sede presidencial y denunció a cronistas por “espionaje ilegal”, en una escalada que tensiona la libertad de prensa

En una decisión de alto impacto institucional, el gobierno de Javier Milei bloqueó el acceso de todos los periodistas a la Casa Rosada y avanzó con denuncias penales contra trabajadores de prensa, bajo el argumento de un presunto caso de “espionaje ilegal”. La medida, que se aplicó de manera generalizada, profundiza el enfrentamiento entre la administración libertaria y los medios de comunicación.

Cierre total y argumento oficial

Según fuentes oficiales, la decisión incluyó la anulación de las acreditaciones vigentes mediante la eliminación de las huellas dactilares registradas, una medida que impide el ingreso físico a la sede de gobierno. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la restricción responde a una investigación interna por la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada, emitidas en un programa televisivo.

El Gobierno justificó el cierre como una acción “preventiva” mientras se desarrolla un proceso de reempadronamiento de periodistas. Sin embargo, en la práctica, la medida implica la exclusión total de la prensa acreditada, al menos hasta nuevo aviso.

Denuncias penales y escalada discursiva

En paralelo, Casa Militar presentó una denuncia contra los periodistas que realizaron la filmación, argumentando que el material podría haber comprometido la seguridad presidencial. La acusación se apoya en artículos del Código Penal que contemplan penas de hasta seis años de prisión por la obtención o difusión de información considerada sensible.

Lejos de moderar el conflicto, el propio Milei reforzó la embestida con declaraciones públicas en redes sociales, donde descalificó duramente a periodistas y respaldó la vía judicial.

Un conflicto que excede el episodio

La decisión se produce semanas después de que el Gobierno ya hubiera restringido el acceso a determinados medios, en un contexto de creciente confrontación con el periodismo.

Más allá del caso puntual, la combinación de cierre físico de la Casa Rosada, denuncias penales y ataques discursivos configura un escenario delicado para el ejercicio del periodismo. Organizaciones y sectores del ámbito comunicacional advierten que se trata de un precedente preocupante que puede afectar el acceso a la información pública y el normal funcionamiento democrático.