Nucleoeléctrica Argentina, una de las firmas superavitarias del Estado, quedó envuelta en graves acusaciones por licitaciones infladas, internas explosivas y funcionarios puestos a dedo por la Casa Rosada.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina quedó envuelta en un escándalo de presunta corrupción que sacude a una de las áreas más sensibles del esquema energético nacional. La firma, operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, es además una de las compañías superavitarias que más aportan a las arcas del Estado, un dato que explica el interés permanente del gobierno de Javier Milei sobre su futuro.

Tras años de conflicto con los trabajadores y un vaciamiento progresivo marcado por disputas salariales, la empresa figura en la lista de privatizaciones y ahora enfrenta denuncias internas por supuestas irregularidades en procesos de licitación y compras directas. Las acusaciones apuntan a funcionarios designados por la Casa Rosada, lo que encendió alarmas políticas y sindicales.

En ese marco, el Directorio de Nucleoeléctrica resolvió esta semana quitar la firma y apartar de manera temporal al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos hombres de confianza de Demian Reidel, exjefe de asesores de Milei y actual presidente de la compañía. La decisión se tomó tras una denuncia elevada por el Comité de Integridad por presuntas anomalías en la contratación del servicio de limpieza en las tres centrales.

Según explicó Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate, el conflicto se originó en diciembre, cuando comenzaron intentos de desvincular personal técnico y salió a la luz un presunto desfalco millonario. La contratación cuestionada habría pasado de un valor estimado de 600.000 dólares a una licitación de 6,4 millones, un salto difícil de justificar.

Además, el gremio pidió investigar una contratación informática que elevó su costo de 600.000 a 7.000.000 de dólares, mientras advierte que la corrupción estaría concentrada en la cúpula directiva, en medio de un proceso de privatización cuestionado y acelerado que pone en riesgo la transparencia, los recursos públicos y el futuro del sistema nuclear argentino. El escándalo abre una crisis.