Tras un fallo federal, Casa Rosada admite que no cumplirá la Ley de Discapacidad por falta de fondos.

Después de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenara ejecutar la sentencia que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad en un plazo de dos semanas, en la Casa Rosada anticipan que no acatarán el fallo. El argumento es el mismo que se repite desde hace meses en el oficialismo: “los fondos totales no están”.

La resolución judicial exige que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen en cinco días el estado de los trámites para cumplir la sentencia, bajo apercibimiento de sanciones. Sin embargo, puertas adentro del Gobierno relativizan el alcance de la decisión y ya analizan alternativas para evitar una implementación plena de la norma.

Este jueves, el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió durante más de una hora con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada. Aunque no hubo declaraciones públicas, cerca del Presidente admitieron que, si se ven obligados a cumplir, lo harán “con las herramientas que tengamos”, una frase que en Balcarce 50 se traduce como un cumplimiento parcial o “maquillado”.

En paralelo, el Ejecutivo evalúa enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar la normativa vigente. El oficialismo ya había intentado derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario durante el tratamiento del Presupuesto 2026, pero la oposición bloqueó esa iniciativa.

La sentencia advierte que, si no hay avances, Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas y sanciones judiciales. Aun así, en el Gobierno minimizan el impacto y sostienen que, en el peor de los casos, se trataría de descuentos salariales.

El fallo también obliga a actualizar aranceles, saldar deudas con prestadores, abrir planes de refinanciación y reglamentar la Ley 27.793, retrasada desde hace tres meses. Desde las organizaciones de discapacidad dudan que el Gobierno cumpla. Mientras tanto, miles de familias siguen cobrando pensiones inferiores a 300 mil pesos y esperan una respuesta que, por ahora, no llega.