El oficialismo no reúne los votos para avanzar con la reforma laboral y enfrenta una resistencia creciente impulsada por gobernadores y senadores que advierten pérdidas millonarias para las finanzas provinciales. La discusión se vuelve un conflicto federal que pone en riesgo uno de los pilares del programa económico.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional se convirtió en el eje central del verano parlamentario y amenaza con transformarse en el debate más áspero del inicio del año legislativo. En el Senado, el oficialismo enfrenta un escenario adverso: no tiene los votos asegurados y choca con una oposición que, más allá de las diferencias internas, empieza a cerrar filas alrededor de un argumento común: el fuerte impacto fiscal que tendría el proyecto sobre las provincias.

La Libertad Avanza llega a esta discusión con una debilidad estructural difícil de disimular. Con apenas 20 senadores propios, el Ejecutivo necesita acuerdos amplios para aprobar una reforma que modifica reglas clave del mercado de trabajo, reduce costos empresariales y redefine el esquema de relaciones laborales. Incluso sumando al PRO y a sectores dialoguistas, el número sigue sin alcanzar. Por eso, el oficialismo optó por un dictamen abierto y decidió postergar la votación, mientras intenta reescribir algunos puntos del proyecto para seducir voluntades esquivas.

Esa fragilidad quedó expuesta cuando la presidenta del bloque libertario admitió la necesidad de abrir una ronda de reuniones a mediados de enero. El objetivo es introducir cambios que destraben la negociación, aunque por ahora los resultados son limitados. El radicalismo ya marcó distancia y advirtió que la iniciativa, tal como está planteada, no ofrece previsibilidad ni consenso social en un contexto económico sensible.

Desde la UCR insisten en que el problema no es solo el contenido, sino el momento político. Avanzar con una reforma laboral estructural, en medio de un ajuste fiscal profundo y con indicadores sociales delicados, aparece como una apuesta riesgosa. Aunque el bloque no descarta negociar, el mensaje es claro: sin modificaciones de fondo, no habrá respaldo.

En ese escenario, el peronismo emerge como el principal dique de contención frente al avance oficialista. El interbloque Justicialista cuenta con 33 senadores y mantiene una postura formal de rechazo. Sin embargo, el verdadero desafío es interno: evitar fisuras y neutralizar la estrategia del Gobierno de recuperar votos provincia por provincia en una eventual sesión ajustada.

El antecedente del Presupuesto 2026 funciona como advertencia. En aquella votación, varios senadores peronistas acompañaron al oficialismo por presión directa de gobernadores preocupados por el vínculo fiscal con la Casa Rosada. Ese episodio encendió alarmas dentro del PJ, que ahora busca blindar su posición frente a una ley aún más sensible desde el punto de vista social y económico.

Uno de los focos de tensión está en el bloque Convicción Federal, integrado por legisladores alineados con gobernadores de diálogo fluido con el Gobierno. La dependencia de fondos nacionales, en un contexto de recorte de obra pública y caída de la recaudación, vuelve frágil cualquier compromiso político. Retener esos votos es clave para el peronismo si quiere frenar la reforma.

A ese mapa se suman senadores de fuerzas provinciales, considerados impredecibles. Suelen votar en función de los intereses económicos de sus distritos y ya demostraron, durante el debate presupuestario, que están dispuestos a acompañar ajustes si creen que no tienen alternativa.

Frente a ese tablero, el peronismo decidió centrar la discusión en un punto transversal: el impacto fiscal negativo del paquete impositivo asociado a la reforma. En particular, la reducción del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable clave, se transformó en el eje de la ofensiva política.

Un informe técnico del Senado estima que las provincias podrían perder entre 1.700 y 2.000 millones de pesos en 2026 por menor recaudación. Con obra pública paralizada y márgenes fiscales mínimos, aceptar esa pérdida implica un costo político difícil de absorber para cualquier gobernador.

En el Senado, la lectura es clara: la reforma laboral no se define solo en el recinto. Se juega, sobre todo, en los despachos de los gobernadores, que hoy tienen en sus manos la llave para que el proyecto avance o quede definitivamente bloqueado.