El fiscal Pollicita remitió las actuaciones sobre los 400 mil dólares no declarados del exvocero al fuero impositivo, mientras ONG apelan para reabrir la causa $LIBRA que involucra al Presidente.

Las sombras sobre la integridad patrimonial en la cúpula del Poder Ejecutivo sumaron un nuevo capítulo que acorrala al discurso oficial sobre la transparencia. En un dictamen que reconfigura el expediente contra Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que el incremento de los fondos del exvocero presidencial sea derivado a la Justicia Penal Económica para investigar la posible comisión del delito de evasión tributaria.

La resolución fundamenta que, si bien la prueba recabada hasta el momento no permite afirmar fehacientemente que los 400 mil dólares ejecutados de manera intempestiva provinieran de actividades ilícitas durante el ejercicio de la función pública, la hipótesis sobre sus “gastos postergados” deja abierta la vía penal por la omisión de declarar dicho patrimonio ante el fisco.

La decisión de la fiscalía desbarata los intentos del oficialismo por presentar el dictamen como un cierre definitivo del caso, ya que no implica el sobreseimiento del funcionario libertario sino un cambio de fuero que mantiene bajo severa sospecha la legalidad de su patrimonio. Este revés judicial sobre el entorno directo del Gobierno se produce en un escenario signado por la desconfianza institucional, tras el fallo que sobreseyó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a diez colaboradores en el expediente $LIBRA.

Aquella causa, que investigaba la presunta comisión de delitos financieros vinculados a la promoción de una criptomoneda, fue formalmente apelada por dos organizaciones no gubernamentales que exigen reabrir la investigación, impidiendo que el Poder Ejecutivo dé por sepultados los escándalos que salpican a su conducción.