Choferes y delegados sindicales lanzaron una medida de fuerza desde la madrugada para exigir una recomposición salarial, denunciando que las paritarias cerradas a la baja por la conducción gremial y el tope salarial del Gobierno hunden los ingresos frente a la inflación.
La tensión en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a escalar con una jornada de medidas de fuerza que paraliza y frena el recorrido de múltiples servicios urbanos desde las primeras horas de este viernes. La protesta, encabezada por cuerpos de delegados y choferes de base, interrumpe la circulación normal en líneas clave como la 9, 31, 34, 57, 188, 338, 527 y 620, a las que se sumaron con acciones directas los trabajadores de las firmas Expreso La Cabaña y Almafuerte. La medida expone el malestar social generado por la pérdida de poder adquisitivo y el congelamiento de los ingresos frente al avance constante del costo de vida.
La protesta del sector encuentra sus puntos de mayor visibilidad en tres nodos estratégicos del conurbano bonaerense y los accesos a la Capital Federal. En el norte del AMBA, la concentración de manifestantes se ubica sobre la Autopista Panamericana y la Avenida Belgrano, a la altura del kilómetro 42,950 en la localidad de Ingeniero Maschwitz. En la zona sur, la interrupción del tránsito se registra en el cruce del centro de Avellaneda entre Avenida Mitre y José Ignacio Rucci; mientras que en el oeste del Gran Buenos Aires, los choferes montaron su reclamo en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida General Paz, en el límite directo con Ciudadela.
El eje central del reclamo ataca de lleno el techo salarial impuesto por el Ministerio de Economía y la pasividad de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Durante declaraciones radiales en Radio 750, el delegado de la línea 60, Néstor Marcolin, remarcó que las empresas otorgaron la semana pasada un incremento del 1,2% —lo que equivale a menos de 20.000 pesos— en un contexto donde los sueldos rondan el millón trescientos mil pesos. Frente a paritarias diferidas, los trabajadores exigen un salario básico inicial de 3.500.000 pesos basándose en la canasta familiar elaborada por el gremio aceitero, la fijación del pago de viáticos obligatorios para el cuarto día hábil de cada mes, y que las patronales vuelvan a costear la totalidad de los exámenes psicofísicos.
Asimismo, la medida expone la discriminación de condiciones dentro del propio transporte, donde el personal técnico registra haberes inferiores y se jubila a los 65 años a diferencia de los choferes que lo hacen a los 55. La conducción del movimiento obrero de base denunció que la dirigencia gremial nacional actúa en complicidad con el cepo paritario del Gobierno, el cual busca disciplinar los haberes por debajo del millón y medio de pesos. Mientras las autoridades intentan culpar a los aumentos salariales por la inflación, las familias trabajadoras deben recurrir a dobles jornadas laborales para evitar caer en la pobreza, en medio de una gestión nacional que pretende contener la pauta inflacionaria a costa del sacrificio de la clase trabajadora.
