El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema para financiar futuras indemnizaciones por despido que mueve miles de millones de dólares y abre un negocio para bancos y sociedades de Bolsa.

Se trata del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado con la reforma laboral, que permitirá a las empresas acumular dinero para afrontar eventuales desvinculaciones, pero con un costo para el sistema previsional.

El mecanismo obliga a las empresas a realizar aportes mensuales del 2,5% de la masa salarial en las pymes y del 1% en las grandes compañías. Esos recursos, que hoy financian parte de la seguridad social, pasarán a cuentas administradas por entidades financieras para constituir fondos destinados a cubrir futuras indemnizaciones. Según las estimaciones el sistema podría movilizar más de US$ 2.000 millones anuales.

El negocio ya despertó el interés de bancos y sociedades de Bolsa, que compiten por captar a las empresas que deberán elegir quién administra sus fondos. El Banco Nación ofrece bonificar comisiones hasta fines de 2027, mientras que el BBVA anunció reintegros vinculados a la incorporación de nuevas nóminas de trabajadores. El Santander también busca quedarse con una parte del negocio mediante servicios de administración e inversión. Las aseguradoras, en cambio, quedaron afuera del esquema.

Pero el punto más controvertido está en el destino de ese dinero. Las estimaciones de la consultora Eco Go indican que alrededor del 60% de los fondos podría invertirse en deuda del Estado nacional. Así, el Gobierno perdería ingresos destinados a la seguridad social y, al mismo tiempo, encontraría una nueva fuente de financiamiento para colocar sus propios títulos.

El costo recaería sobre la ANSES y el PAMI, que recibirían menos recursos para sostener jubilaciones, pensiones y prestaciones de salud. Las estimaciones citadas en el artículo calculan que la reducción de ingresos para la seguridad social podría alcanzar el equivalente a 0,3% del PBI anual. En ese escenario, el Tesoro tendría que afrontar mayores necesidades de financiamiento para compensar parte del faltante.

El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó el mecanismo dentro de la reforma laboral y defendió su potencial para desarrollar el mercado de capitales. Sin embargo, la implementación fue postergada y el plazo para que los fondos puedan utilizarse para pagar indemnizaciones también se extendió, lo que favorece su permanencia como fuente de inversión financiera.

La pregunta de fondo es quién gana y quién pierde con el nuevo esquema. Los bancos suman un negocio multimillonario, las empresas obtienen un mecanismo para afrontar futuros despidos y el Estado puede financiarse con esos recursos. La contracara es que parte del dinero que hoy sostiene la seguridad social dejará de ingresar a esas cajas. La promesa de mejorar el mercado de capitales abre así una discusión sobre el costo fiscal y el futuro financiamiento de las jubilaciones.