Un avión retenido en Puerto Iguazú y maniobras en la frontera exponen la sospecha de que el Gobierno argentino facilitó el escape a EE.UU. del senador brasileño investigado por lavado de dinero.
El plano de las relaciones internacionales de la administración de Javier Milei ingresó en un terreno de extrema gravedad e incertidumbre institucional. La Policía Federal de Brasil investiga un presunto e impactante plan de fuga del senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, quien habría intentado utilizar el territorio argentino como plataforma de escape hacia Estados Unidos para eludir a la justicia de su país. La maniobra, que involucró la retención de una aeronave privada en la provincia de Misiones, enciende las alarmas por la posible colaboración logística o política desde la Casa Rosada para amparar a aliados ideológicos acorralados por causas de corrupción.
La presunta operación de escape estaba prevista para la madrugada desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú. Según los reportes periodísticos que dieron origen a las actuaciones judiciales, un avión ejecutivo Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW y perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., aguardaba en la pista tras solicitar trámites de Aduana y Migraciones para tres tripulantes y cuatro pasajeros con destino a suelo norteamericano. El plan se vio frustrado cuando las autoridades cancelaron el plan de vuelo, demoraron a la tripulación y retuvieron la unidad ante la inasistencia de uno de los viajeros esperados, una inconsistencia que no descuenta que el dirigente conservador haya logrado ingresar previamente a la Argentina con su documento de identidad.
Lavado de dinero, pérdida de fueros y el avance de la justicia
La desesperación del entorno bolsonarista por abandonar la región responde al acorralamiento judicial que pende sobre sus principales figuras. El senador se encuentra investigado por dos causas de gravedad vinculadas al presunto delito de lavado de dinero. La primera rastrea el desvío de fondos aportados por el banquero Daniel Vorcaro para una película sobre Jair Bolsonaro, recursos que habrían sido utilizados para financiar la estadía en Estados Unidos de su hermano Eduardo, quien se encuentra prófugo. La segunda causa salpica a empresas vinculadas a movimientos irregulares con plataformas de apuestas en línea, expediente por el cual ya está detenido el abogado y allegado a la familia, Willer Tomaz.
El escenario se volvió crítico luego de que el juez supremo Alexandre de Moraes ordenara el retiro del pasaporte de Flávio Bolsonaro, tras ser abordado por la Policía Federal al salir de visitar a su padre en prisión domiciliaria. El magistrado tomó en cuenta las declaraciones públicas de Eduardo Bolsonaro, quien admitió que su hermano tenía todo listo para irse del país en caso de una derrota electoral. Aunque el parlamentario grabó un video desmintiendo la intención de fugarse y afirmando su voluntad de organizar a la oposición —en un contexto donde el Partido Liberal y sus aliados tradicionales se alejaron del pedido de anulación de los comicios—, la urgencia de su entorno responde a que en 2027 vence su mandato en el Senado, quedándose sin fueros y expuesto a una detención inmediata.
La gestión de Milei bajo la lupa internacional
El desarrollo de este episodio arroja sombras inquietantes sobre el rol del Poder Ejecutivo argentino y la permeabilidad de sus controles fronterizos para el amparo de dirigentes extremistas. Que un vuelo de una firma privada local haya estado preparado en el límite misionero para trasladar a un dirigente investigado por lavado sugiere un nivel de laxitud institucional que roza la complicidad estatal.
La falta de aclaraciones oficiales por parte del gobierno de Milei ante los requerimientos de la Policía Federal de Brasil profundiza las sospechas y confirma los riesgos de una política exterior orientada a favores ideológicos. De confirmarse la participación o el guiño del Estado argentino en el intento de huida de Bolsonaro, el país quedará expuesto ante la comunidad internacional como un refugio opaco para prófugos de la justicia regional bajo el amparo directo de la Casa Rosada.
