Sin experiencia en servicios públicos y vinculado a escándalos en India y Venezuela, Phoenix Global Fund asume el control del agua potable con aportantes anónimos y un inminente tarifazo.
El plan de privatizaciones de la administración de Javier Milei suma un nuevo capítulo de extrema gravedad e incertidumbre institucional. La entrega de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) —la compañía estatal que presta servicios a casi 11 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y proyecta expandirse a 15 millones— quedó en manos de una red financiera opaca. Detrás de los empresarios locales Walter Román y Mauricio Filiberti, la privatización incorporó como socio mayoritario a Phoenix Global Fund (PHX), un fondo radicado en Curazao sin antecedentes en la gestión de servicios esenciales, pero con un frondoso historial de maniobras corporativas sospechosas en América Latina y Asia.
La operación se formalizó a través de PHX AQUA, una firma registrada en Londres el pasado 18 de agosto con un capital simbólico de una libra esterlina y controlada por Phoenix Global Fund, entidad que administra u$s 708 millones en activos de países emergentes. La sociedad se presentó como el vehículo para que “inversores extranjeros interesados” aporten u$s 187 millones para saldar su parte de los u$s 340 millones de la concesión y conseguir u$s 2.000 millones de inversión a cinco años. Al radicar la sede en Gran Bretaña, el fondo obtiene beneficios fiscales y el amparo del tratado de protección de inversiones firmado en los noventa, manteniendo en el anonimato a los verdaderos aportantes.
El rastro en paraísos fiscales: negocios en Venezuela e India
Las credenciales del nuevo dueño del servicio de agua no aportan tranquilidad. Phoenix Global Fund participó en la compra de los activos que la multinacional Cargill remató en 2020 para salir de la Venezuela de Nicolás Maduro. Tras el anuncio del mandatario caribeño adelantando la Navidad al 15 de octubre, Cargill vendió sus operaciones al Grupo Puig y a PHX para abastecer marcas de harina y fideos como Blanca Flor y Ronco. Según los registros de PHX, a marzo mantenía el 1,41% de sus fondos en territorio venezolano, equivalentes a unos u$s 5 millones.
El fondo también quedó salpicado en un escándalo financiero en Asia. En enero de 2023, la firma Hindenburg Research denunció al gigante indio Adani Group —valuado en u$s 215.000 millones y propiedad de Gautam Adani— por manipulación bursátil, evasión tributaria y triangulación mediante sociedades offshore. El informe expuso que el fondo New Leania, radicado en Chipre con u$s 420 millones en Adani Green Energy, tenía como tercer accionista a PHX, entidad que declara el 33,67% de su cartera en India (u$s 238 millones) y que quedó expuesta como un vehículo para eludir impuestos.
La arquitectura jurídica de PHX AQUA conduce directamente a Amicorp, la firma madre en Curazao con la que comparte domicilio legal en Londres y Chipre, además del director fiduciario neerlandés Willem Anton Smit y los directores Paul Parker, Alex Lynford, Edvar Lotman y Priscilla Lotman. Amicorp, con oficinas en Puerto Madero, estuvo involucrada en el desvío de más de u$s 4.500 millones del fondo soberano de Malasia (1MDB) entre 2009 y 2015 mediante empresas fantasma en Islas Caimán, Curazao e Islas Vírgenes.
Reparto de acciones, anonimato y un tarifazo garantizado
En la estructura que administrará la compañía, Roaming SA (de Walter Román) tendrá el 20%, Transclor (de Mauricio Filiberti) el 10% y la brasileña Arcos el 15%. La tajada mayoritaria queda en manos del vehículo de inversión británico compuesto por aportantes que nadie de la empresa ni del Gobierno quiso identificar.
Para asegurar la rentabilidad del consorcio, la gestión oficial avanzó en la audiencia pública conducida por el presidente de AySA, Alejo Maxit, para actualizar los coeficientes zonales vigentes desde las décadas de 1960 y 1980. La rezonificación implicará un aumento del 22,6% promedio en las facturas del 60% de los usuarios, generando una recaudación extra de $140.000 millones al año (unos u$s 93 millones), importe que representa el 26% del valor pagado por la concesión.
Aunque desde la empresa argumentan que el dinero cubrirá las tarifas sociales, Walter Martello, defensor adjunto del Pueblo bonaerense, advirtió que los subsidios requerirían solo u$s 23 millones y denunció que el excedente representa una mejora directa en el flujo de caja otorgada a medida de los nuevos adjudicatarios.
