A través de una maniobra formal contra los excombatientes de Malvinas, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti reactivaron la derogación de la Ley de Tierras impuesta en el mega DNU 70/2023.
La entrega deliberada del patrimonio territorial y los recursos estratégicos de la Argentina encontró su vía de escape más alarmante en los pasillos de los tribunales. En un fallo de gravísimas consecuencias institucionales y geopolíticas, la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaraba la inconstitucionalidad del artículo 154 del mega DNU 70/2023 de Javier Milei. Con esta decisión, el máximo tribunal despejó el camino para la derogación total de la Ley de Tierras, permitiendo que corporaciones extranjeras y magnates internacionales adquieran sin ningún tipo de límite ni fiscalización extensiones enteras de frontera, cuencas hídricas y enclaves productivos no renovables.
Un tecnicismo judicial para convalidar la entrega de fronteras y agua dulce
La resolución, rubricada de manera unánime por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, optó por un atajo procedimental para eludir el debate de fondo y favorecer la estrategia de la Casa Rosada. Al dar vuelta el fallo que había obtenido el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la Corte dictaminó que la soberanía territorial y la custodia del suelo patrio no constituyen un bien colectivo susceptible de ser defendido mediante una acción de amparo ambiental o constitucional. Mediante este argumento formalista, los magistrados desconocieron la legitimación activa de quienes combatieron en el archipiélago para impugnar la norma, argumentando la inexistencia de un caso o controversia y lavándose las manos sobre el brutal impacto de desproteger el territorio nacional.
La maniobra jurídica representa un golpe devastador para la arquitectura de protección territorial que regía en el país desde 2011. La norma pulverizada por el decreto presidencial establecía un tope del 15% a la titularidad de extranjeros en el territorio nacional, prohibía la venta de inmuebles que contuvieran cuerpos de agua permanentes y ponía trabas infranqueables a la adquisición de franjas de seguridad limítrofes. Al convalidar la derogación por omisión jurídica, la Corte consagra un escenario de desregulación salvaje donde los límites geográficos de la Nación quedan a merced de la especulación financiera internacional, convirtiendo al país en un paraíso inmobiliario para capitales foráneos mientras los pequeños productores locales son sistemáticamente expulsados por el atraso cambiario y el ahogo fiscal.
La imposición por decreto tras la derrota parlamentaria y popular
El fallo judicial le concede a la administración libertaria la victoria que no pudo conseguir mediante el ejercicio democrático en el Congreso de la Nación. Tras el desembarco del proyecto desregulador diseñado por Federico Sturzenegger, la pretensión oficial de consagrar la inviolabilidad absoluta del mercado inmobiliario rural había naufragado en el recinto legislativo ante la falta total de consensos políticos y una masiva movilización popular de repudio. Acorralado por la resistencia ciudadana y sin los votos parlamentarios para liquidar la legislación soberana, el Poder Ejecutivo recurrió al litigio estatal para sortear la voluntad popular y consagrar por decreto lo que la sociedad había vetado en el debate público.
La avanzada sobre el suelo argentino encaja a la perfección con la matriz colonial del programa libertario, que combina el desmantelamiento de las facultades regulatorias del Estado con la cesión de la soberanía sobre áreas estratégicas. Mientras el oficialismo pregona un discurso de falso patriotismo en los foros mediáticos, las decisiones operativas de su gestión garantizan la enajenación de los bienes comunes más valiosos del país. La reapertura de la extranjerización de la tierra, facilitada por la pasividad corporativa del máximo tribunal, inaugura una etapa crítica donde la integridad territorial argentina queda subordinada a los intereses del capital transnacional, hipotecando el futuro de las próximas generaciones.
