Tras colocar a Pedro Lines al frente del organismo técnico, el Presidente ataca ahora los informes oficiales porque confirman la recesión y la caída del consumo.

El relato gubernamental sobre un despegue productivo indestructible ingresó en una fase de distorsión estadística sumamente peligrosa para la credibilidad institucional del país. En lugar de asumir los efectos devastadores de su política de ajuste y contracción monetaria, Javier Milei desató una ofensiva abierta contra los propios números elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La paradoja resulta mayúscula: el organismo se encuentra bajo la conducción directa de Pedro Lines, el funcionario que el propio mandatario colocó en febrero tras forzar la salida de Marco Lavagna. Sin embargo, frente a indicadores que desmienten el pretendido milagro económico y confirman el inicio de una recesión técnica, la respuesta del Poder Ejecutivo consiste en aplicar un boicot interpretativo, descalificar las series habituales y recurrir a cálculos sesgados para imponer una narrativa de crecimiento artificial.

Manipulación de métricas para desconocer el freno productivo

La embestida presidencial contra el instituto estadístico quedó expuesta con la publicación de los datos de la actividad económica. Luego de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) arrojara en julio un desplome mensual del 2,9% desestacionalizado —la mayor contracción en un solo mes desde la pandemia— y una caída del Producto Bruto Interno del 0,6% intertrimestral en el segundo trimestre, Milei arremetió públicamente afirmando que los ponderadores oficiales arrojan cualquier cosa. Para eludir el enfriamiento productivo, el mandatario ordenó desviar la mirada hacia la serie de tendencia-ciclo, una herramienta secundaria que suaviza las caídas bruscas y que ningún analista utiliza de manera aislada para medir la evolución económica real.

Especialistas e investigadores académicos advirtieron que la insistencia en inflar supuestos crecimientos anuales del 6% o 7% responde a comparaciones de conveniencia política, como medir picos de fin de año en lugar de promedios ponderados. Al igual que cuando el Ministerio de Economía intenta medir la inflación purgando del cálculo el costo de los alimentos y la energía, la Casa Rosada consagra un método arbitrario: si el indicador técnico refleja el parate fabril y comercial, se lo declara obsoleto; si una medición secundaria amortigua transitoriamente el impacto, se la publicita en televisión como una verdad indiscutible.

Empleo precarizado y la ficción de un consumo récord

El maquillaje estadístico se extiende con la misma virulencia sobre los datos del mercado laboral y los niveles de pobreza. Cuando el Presidente celebra la creación de supuestos quinientos mil puestos de trabajo bajo su gestión, oculta deliberadamente que la totalidad de ese registro corresponde a la informalidad y la supervivencia cotidiana: se trata de empleos no asalariados por cuenta propia y trabajo informal no registrado, mientras el empleo en blanco formal sufrió la pérdida neta de más de 171.000 puestos en relación de dependencia. El retroceso de la tasa de empleo per cápita certifica que el modelo económico no genera oportunidades genuinas sino una profunda degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El desprecio por la evidencia oficial alcanza ribetes absurdos en el terreno del consumo masivo. Ante los informes del Indec que certifican el retroceso ininterrumpido en las ventas de los supermercados —con una caída del 2,1% interanual en julio y un saldo negativo acumulado a lo largo del año—, el mandatario libertario prefiere desechar el relevamiento del organismo público y recomendar a la ciudadanía mirar los balances de corporaciones de comercio electrónico como Mercado Libre. Al desconocer que millones de familias argentinas no acceden al comercio digital y recortan gastos elementales de supervivencia, la gestión libertaria consuma una peligrosa desconexión con la realidad, recurriendo al dibujo contable para esconder la asfixia social que genera su propio programa de gobierno.