El traspaso de 1.740 megavatios de energía estratégica beneficia a grupos concentrados afines al poder mientras el Gobierno rifa patrimonio público para conseguir dólares frescos.

La urgencia por conseguir divisas y exhibir señales de sumisión al mercado desató una nueva y peligrosa avanzada despatrimonializadora en la administración libertaria. A través del Decreto 1107 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la venta mediante licitación pública nacional e internacional del paquete accionario mayoritario que el Estado nacional retiene en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. La decisión de transferir a manos privadas dos de los complejos de ciclo combinado más eficientes de la matriz energética argentina desnuda una política de liquidación de infraestructura crítica que hipoteca la soberanía nacional para financiar el bache fiscal de corto plazo.

Tasaciones a la baja y el fantasma de Ensenada de Barragán

La venta de las participaciones estatales —un 65,01% en el caso de la planta de Campana y un 68,83% en la de Timbúes— encendió la máxima controversia por los mecanismos elegidos para fijar el valor de ambos activos. El Ministerio de Economía marginó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, el órgano técnico e imparcial que tradicionalmente ponderaba el costo real de reposición de los fierros, las turbinas y las obras civiles, para otorgar la tasación a una flamante unidad interna del BICE. Este esquema recurre al método de flujo de fondos descontados, una herramienta financiera altamente discrecional donde la simple manipulación al alza de la tasa de descuento permite desplomar de manera artificial la valuación patrimonial de las centrales.

El antecedente que aterroriza a los especialistas del sector es el remate de la central Ensenada de Barragán durante la gestión de Cambiemos. En aquel proceso, mientras el Tribunal de Tasaciones calculaba un valor de reposición superior a los 850 millones de dólares y un valor actual de casi 690 millones, las proyecciones financieras depreciaron el complejo hasta dejarlo con un valor residual ficticio de cero al término de su concesión, liquidándolo finalmente por apenas 229,4 millones de dólares. Aquella maniobra, severamente cuestionada en su momento por la Auditoría General de la Nación por dilapidar patrimonio público, funciona ahora como el espejo retrovisor de una operación que amenaza con convalidar un desfalco de cientos de millones de dólares en perjuicio del erario público.

Un negocio a medida del poder económico y la pérdida de soberanía

El desprendimiento de estas unidades productivas resulta todavía más cuestionable por el origen virtuoso de su desarrollo. Ambas plantas nacieron del Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, una ingeniería aplicada tras la crisis de 2001 que transformó acreencias impagas del sistema en 1.740 megavatios de potencia instalada de ciclo combinado, sin recurrir al endeudamiento ruinoso. La decisión de rematar esta infraestructura no sólo suprime un instrumento clave para la regulación y el abastecimiento de electricidad a costos competitivos, sino que excluye deliberadamente a los trabajadores del acceso al Programa de Propiedad Participada.

La letra chica del proceso pone bajo la lupa los intereses corporativos que convergen detrás del decreto oficial. El oficialismo preparó el terreno incorporando en el Presupuesto un beneficio impositivo específico para traspasar el patrimonio de los fideicomisos a las sociedades generadoras, una ventaja que alcanza de lleno a accionistas privados preexistentes como Central Puerto, vinculada a Nicolás Caputo. Con derechos de preferencia garantizados para los socios actuales y la tutela de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, la gestión de Milei apura un nuevo ciclo de privatizaciones salvajes que entrega resortes energéticos irreemplazables a precio de liquidación, consagrando un negocio para pocos mientras la economía se hunde en la recesión.