Con un trámite exprés plagado de presiones, vuelos privados y extorsiones a las provincias, el oficialismo sancionó en el Senado la polémica Ley de Medidas Energéticas.

El modelo de ajuste salvaje y transferencia de ingresos que ejecuta la administración de Javier Milei consumó un nuevo golpe al bolsillo de la clase trabajadora. En una sesión marcada por maniobras reglamentarias al límite, el oficialismo logró convertir en ley la denominada reforma de Medidas Energéticas tras reunir treinta y ocho votos a favor frente a ocho rechazos. Detrás del discurso técnico de ordenamiento fiscal, el corazón de la iniciativa esconde una ecuación profundamente regresiva: le quita los subsidios esenciales para la calefacción a millones de usuarios en todo el territorio nacional para garantizar una gigantesca condonación de deudas a las grandes corporaciones del sector energético.

Tarifazo masivo a las familias para financiar a las distribuidoras

El impacto sobre la vida cotidiana de las familias será inmediato y asfixiante. La derogación de los beneficios de zonas frías despoja de una cobertura clave a más de 3,4 millones de hogares en el país, concentrando el castigo en la provincia de Buenos Aires, donde 1,2 millones de usuarios quedarán a la intemperie económica. De acuerdo con las estimaciones de especialistas de Consenso Federal, los usuarios residenciales perderán descuentos indispensables que mitigaban entre un 30% y un 50% el costo de las boletas de gas. En un escenario de salarios pulverizados e inflación persistente, el recorte condena a vastas franjas de la población a tener que elegir entre comprar alimentos o prender la estufa durante los meses más crudos del invierno.

Condonación encubierta de USD 2.000 millones para Edenor y Edesur

Mientras la ciudadanía recibe aumentos confiscatorios, el Gobierno diseñó un traje a medida para aliviar a los popes del sector eléctrico concentrado. El texto sancionado por el Senado introdujo un mecanismo de compensación que habilita a las distribuidoras eléctricas, con Edenor y Edesur a la cabeza, a saldar sus abultadas deudas con Cammesa a cambio de los denominados activos regulatorios. Este artilugio administrativo convalida reclamos por supuestos ingresos no percibidos en períodos de tarifas congeladas, permitiéndoles borrar de un plumazo compromisos pendientes por 1.842 millones de dólares con el mercado eléctrico mayorista, una cifra que en los hechos roza los 2.000 millones.

La maniobra consolida una flagrante doble vara moral y económica por parte del Palacio de Hacienda. Para los jubilados, los trabajadores y las familias vulnerables rige la lógica intransigente del déficit cero y el retiro total del Estado, pero para las multinacionales y los grupos amigos del poder se diseñan rescates financieros a medida con recursos públicos. Lejos de exigir inversiones y calidad en el servicio tras años de cortes sistemáticos de suministro, la gestión libertaria premia a las empresas privadas con la condonación de pasivos históricos, trasladando el costo final de la fiesta energética a la espalda de los usuarios cautivos.

Vuelos privados, extorsiones a gobernadores y rosca al límite en el Senado

La sanción de la ley dejó al descubierto los métodos más oscuros de la rosca política que la Casa Rosada juró combatir. Para destrabar los votos decisivos, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro Luis Caputo montaron un esquema de extorsión explícita sobre las provincias, prometiendo compensaciones transitorias por zonas cálidas a los gobernadores del Norte a condición de que sus legisladores ejecutaran el despojo sobre las jurisdicciones patagónicas, pampeanas y bonaerenses. El cruce político escaló con la intervención de mandatarios aliados como Gustavo Sáenz, quien presionó públicamente a los senadores reticentes, provocando el repudio del bloque peronista que denunció la mezquindad de enfrentar a provincias castigadas por las tarifas para ser funcionales al ajuste libertario.

El bochorno parlamentario incluyó denuncias de la oposición sobre la utilización de aviones privados contratados de urgencia para trasladar senadores y garantizar la mayoría en el recinto. Tras la retirada del interbloque opositor en un intento por hacer caer la sesión por falta de número y la posterior jugada del santacruceño José María Carambia para bloquear el quórum, el oficialismo vivió minutos de pánico. La presidencia provisional de Bartolomé Abdala tuvo que recurrir a discursos dilatorios de senadores aliados como Edith Terenzi hasta que arribaron los legisladores misioneros que responden a la Casa de las Tejas. Junto al respaldo disciplinado de Patricia Bullrich, el PRO y radicales afines, el Gobierno blindó por un voto el quórum para votar a mano alzada y entregarle a las corporaciones un perdón millonario a cambio de la angustia de millones de argentinos.