El número dos de Casa Militar fue enviado a ordenar la residencia presidencial tras la expulsión del personal civil y el estallido de un negocio millonario de carnes, parientes y catering clandestino.
El corazón del poder libertario se convirtió en un polvorín doméstico e institucional de consecuencias imprevisibles. Tras el despido masivo e intempestivo de todo el personal civil que prestaba funciones en la Residencia Presidencial de Olivos, Javier Milei ordenó la intervención y militarización absoluta del predio, designando al coronel Fernando Tereso, subjefe de Casa Militar, para tomar las riendas de una residencia sumida en la anarquía. La misión asignada al militar con pasado en Granaderos y en el área de prensa del Ejército no es protocolar: debe gestionar una quinta arrasada por denuncias de desfalco que derivaron en la peor crisis política que se recuerde entre el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La fractura de los hermanos y el botín de la carne
El síntoma más elocuente de la ruptura familiar quedó registrado en la comitiva oficial hacia Nueva York para la cumbre de la ONU, viaje del que Karina Milei decidió bajarse de manera sorpresiva, rompiendo una presencia ininterrumpida a lo largo de casi veinte giras a los Estados Unidos. El distanciamiento es la consecuencia directa de la eyección forzada de Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y persona de máxima confianza de la hermana del mandatario, tras quedar en el centro de un festival de irregularidades administrativas. Las denuncias ventiladas por la diputada Marcela Pagano expusieron una erogación de más de 500 millones de pesos para la compra discrecional de veintinueve toneladas de cortes de carne suntuarios, asado, achuras y fiambres bajo el control del intendente de la quinta, Javier Sosa, cuñado de la propia Agudiez.
La estructura estatal había sido desnaturalizada para funcionar como una base de operaciones privadas. De acuerdo con las presentaciones legislativas, el clan familiar de la exfuncionaria montó una red de contrataciones directas que incluyó licitaciones de jardinería digitadas por 700 millones de pesos para allegados y la utilización de la identidad de un jubilado vulnerable para facturar más de 600 millones de pesos al Estado nacional. Para completar el cuadro de impunidad, se sospecha que los insumos, carnes y equipamientos de las cocinas oficiales abastecían a un emprendimiento privado de eventos denominado “Pancitos Caseros”, en medio de un clima enrarecido por la paranoia presidencial sobre la salud de sus perros y acusaciones cruzadas por presuntas negligencias domésticas.
Peluqueros de uniforme, compras turbias y la zozobra de las Fuerzas Armadas
Frente al descalabro, la respuesta de la Casa Rosada fue imponer un cerco de uniformes para reemplazar cada puesto civil con efectivos en actividad: desde cocineros y jardineros hasta el peluquero personal del Presidente deberán portar rango militar. Sin embargo, la cúpula castrense no está exenta de la descomposición moral. El jefe formal de la Casa Militar, brigadier Sebastián Ibáñez —señalado en el ámbito político como pareja de Agudiez—, arrastra investigaciones judiciales sensibles por la denuncia persecutoria contra periodistas que filmaron la Casa Rosada y por sospechas de recaudación ilegal de retornos en el mantenimiento y repuestos de la flota aérea presidencial. Es por ese motivo que la operatividad real recayó en el coronel Tereso, quien enfrenta una tarea sumamente ingrata.
La subordinación de las fuerzas a las obsesiones de la residencia oficial desató una marcada reticencia en las filas del Ejército. En los mandos intermedios admiten el temor de que oficiales de carrera arruinen su futuro profesional por los desbordes emocionales y las exigencias arbitrarias de la vida cotidiana del mandatario a deshoras. La alarma alcanzó su pico máximo con los edecanes presidenciales, los únicos asistentes directos del jefe de Estado, quienes han comenzado a elevar consultas formales a sus respectivas fuerzas para obtener instrucciones y resguardos legales ante la reiteración de conductas anómalas y situaciones límite en la convivencia diaria, reflejando el deterioro psicológico e institucional que envuelve a una administración cada vez más aislada en sus propios fantasmas.
