La Libertad Avanza consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada después de una jornada atravesada por la represión en las calles, la pérdida de aliados y dos fuertes retrocesos.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió media sanción después de una jornada de máxima tensión para el gobierno de Javier Milei, que terminó aprobando un proyecto muy diferente al que había impulsado originalmente. La Libertad Avanza obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, pero el resultado estuvo lejos de representar un triunfo contundente: el oficialismo tuvo que retirar dos capítulos centrales de la iniciativa, perdió el respaldo de varios aliados y enfrentó una fuerte protesta en las calles que fue respondida con represión policial. La votación dejó expuesta la dificultad del Gobierno para imponer su agenda y construir mayorías incluso entre los sectores que hasta ahora acompañaron buena parte de sus reformas.
La Ley que Milei tuvo que recortar para poder aprobar
El proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger había llegado al Congreso con modificaciones profundas sobre el régimen de propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos, la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.
Sin embargo, la presión política hizo que el Gobierno tuviera que desarmarlo antes de conseguir los votos. Primero cayó el capítulo que habilitaba una mayor participación de capitales extranjeros en la propiedad de tierras rurales. La reacción de gobernadores y senadores aliados dejó a LLA sin respaldo suficiente para sostenerlo.
La misma situación se repitió durante el debate con el apartado de la Ley de Manejo del Fuego. El oficialismo intentó mantenerlo hasta último momento, pero la resistencia de sectores aliados terminó obligándolo a retirarlo apenas minutos antes de la votación.
La reforma que finalmente consiguió media sanción fue, por lo tanto, una versión recortada dos veces de la iniciativa original. Lo que el Gobierno presentó como una defensa de la propiedad privada terminó atravesando una negociación permanente para evitar una derrota.
La represión acompañó una jornada de fuerte rechazo social
La tensión no quedó encerrada dentro del Congreso. Mientras se discutía la iniciativa, las calles fueron escenario de una fuerte movilización contra las políticas impulsadas por el Gobierno y de un operativo represivo que volvió a poner en el centro la violencia de las fuerzas de seguridad.
La protesta estuvo atravesada por el rechazo a una reforma que modifica las condiciones de los desalojos y endurece las reglas para futuras expropiaciones, en un contexto de fuerte deterioro económico y dificultades de numerosos hogares para sostener el pago de sus alquileres.
La postal de la jornada terminó siendo difícil de separar del debate legislativo: afuera, represión; adentro, un oficialismo obligado a negociar hasta el último minuto para sostener una ley que había llegado con pretensiones mucho mayores.
La oposición denunció cambios de último momento
Otro de los puntos más cuestionados fue la forma en que el Gobierno manejó las sucesivas modificaciones del proyecto.
La última versión del texto fue enviada a los bloques pocas horas antes del comienzo de la sesión. El senador José Mayans denunció que el oficialismo pretendía avanzar sobre una iniciativa que los legisladores no habían tenido tiempo suficiente para analizar.
“Se recibió el supuesto despacho a las 11.45. Yo me enteré de casualidad”, afirmó el legislador, que pidió que el proyecto regresara a comisión. La moción fue rechazada por 38 votos contra 31.
El episodio volvió a mostrar la fragilidad de la estrategia oficialista: LLA no solo debió cambiar el contenido de la reforma, sino también negociar permanentemente con aliados que dejaron de garantizarle un respaldo automático.
Qué quedó de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El capítulo que permaneció modifica las reglas para los desalojos y establece que estos procesos puedan tramitarse mediante un juicio sumarísimo, un mecanismo más rápido que el previsto actualmente.
También incorpora un plazo de diez días corridos para que los inquilinos puedan cancelar una deuda de alquiler. Si no lo hacen, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve disponible.
La oposición advirtió que la modificación puede acelerar los desalojos en un contexto en el que cada vez más familias tienen dificultades para afrontar el alquiler. El senador Mariano Recalde cuestionó que se avance sobre los inquilinos con contrato “por el mero atraso en el pago” mientras una parte importante de la población se encuentra endeudada y con ingresos deteriorados.
El proyecto también establece criterios más restrictivos para las expropiaciones, modifica aspectos de la Ley Pierri y crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
Una aprobación que dejó al Gobierno políticamente golpeado
La votación permitió a La Libertad Avanza evitar una derrota parlamentaria, pero no logró ocultar el costo político que tuvo que pagar para conseguirla.
El oficialismo perdió dos capítulos centrales, enfrentó el rechazo de aliados que hasta horas antes aparecían como votos posibles y tuvo que sostener una negociación contrarreloj para alcanzar los 37 votos.
Por eso, detrás de la media sanción quedó otra lectura: Milei consiguió aprobar una ley, pero tuvo que desarmar buena parte de su propio proyecto para hacerlo.
La jornada terminó así con una escena que sintetizó el momento político del Gobierno: una reforma que avanzó mutilada, una oposición que denunció irregularidades y una calle reprimida mientras La Libertad Avanza intentaba convertir una derrota política en una victoria legislativa.
