El oficialismo llevó al Senado una versión modificada de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada después de retirar el capítulo sobre extranjerización de tierras.
La oposición denunció que el Gobierno de Javier Milei intentó forzar en el Senado el tratamiento de un proyecto que los legisladores no habían podido terminar de leer, después de que La Libertad Avanza introdujera modificaciones de último momento para intentar conseguir los votos necesarios. Frente a este escenario, el peronismo reclamó que la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada regresara a comisión y cuestionó el apuro del oficialismo para avanzar con una reforma que todavía generaba fuertes dudas entre los senadores.
El Gobierno modificó el proyecto a horas de la sesión
La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo III, referido al régimen de tierras rurales y la participación de capitales extranjeros, luego de comprobar que no contaba con los votos suficientes para aprobarlo. El apartado establecía un nuevo límite del 25% para la titularidad extranjera y eliminaba restricciones contempladas en la actual Ley de Tierras.
La eliminación fue presentada como una concesión para garantizar el tratamiento del resto de la iniciativa. Sin embargo, la oposición advirtió que el problema no se limitaba al capítulo eliminado: cuestionó que el texto hubiera sufrido modificaciones sobre la hora y que los senadores no contaran con el tiempo necesario para estudiar sus alcances antes de la votación.
El oficialismo necesitaba reunir 36 votos para conseguir la media sanción y llegaba al recinto con un escenario todavía incierto. Varios senadores que habían sido considerados aliados mantenían dudas o directamente habían anticipado su rechazo.
Qué quedó del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Aunque quedó afuera la reforma al régimen de extranjerización, el proyecto conserva cambios considerados sensibles por la oposición. Uno de ellos modifica las reglas de desalojo, al establecer que estos procesos puedan tramitarse mediante un juicio sumarísimo, un mecanismo más rápido que el previsto actualmente.
La iniciativa también amplía quiénes pueden iniciar acciones de desalojo contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos cuando exista un incumplimiento de las condiciones de uso o una situación de mora.
Además, introduce modificaciones al régimen de expropiaciones, con criterios más restrictivos para declarar la utilidad pública y un límite del 30% sobre el lucro cesante en relación con el valor del daño emergente.
También modifica la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos que generó cuestionamientos está vinculado con la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina el artículo que establecía una prohibición durante 30 años para cambiar el uso de los terrenos que hubieran sufrido incendios.
Para la oposición, la combinación de estos cambios convierte a la iniciativa en una reforma mucho más amplia que la discusión original sobre la propiedad de tierras rurales. Por eso, el reclamo para que el proyecto regrese a comisión apuntó no solo a la falta de consenso, sino también a la necesidad de conocer y discutir el texto antes de someterlo a votación.
La sesión quedó así atravesada por una fuerte tensión política: el Gobierno buscaba aprovechar el retiro del capítulo de extranjerización para salvar el resto del proyecto, mientras la oposición denunciaba que se pretendía votar a contrarreloj una iniciativa modificada que el propio Senado todavía no había podido analizar en profundidad.
