La normativa vigente busca impedir que los incendios, incluso los intencionales, sean utilizados para habilitar negocios inmobiliarios o nuevos emprendimientos agropecuarios.

Aunque La Libertad Avanza tuvo que retirar el capítulo que habilitaba cambios en el régimen de extranjerización de tierras, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el gobierno de Javier Milei mantiene modificaciones sensibles. Entre ellas se encuentra la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, una normativa creada para evitar que los incendios forestales y rurales puedan convertirse en una herramienta para cambiar el destino de los terrenos con fines económicos.

Qué establece la Ley de Manejo del Fuego

La Ley 26.815, sancionada en 2013, establece presupuestos mínimos para prevenir y combatir incendios forestales y rurales en todo el país. Uno de sus principales objetivos fue impedir que, después de un incendio, los terrenos afectados pudieran ser rápidamente destinados a actividades diferentes de las que tenían antes del fuego.

La norma establece restricciones diferenciadas según el tipo de territorio afectado. En bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, la prohibición de modificar el uso del suelo se extiende durante 60 años, incluso cuando el incendio haya sido accidental.

Para zonas agrícolas, praderas, pastizales y matorrales, el plazo establecido es de 30 años. Durante ese período, la legislación impide que las tierras sean subdivididas o destinadas a determinados emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias diferentes de las existentes antes del incendio.

El objetivo de estas restricciones es evitar un incentivo perverso: que la destrucción provocada por el fuego pueda ser utilizada posteriormente para obtener un beneficio económico mediante un cambio de uso del suelo.

Qué quiere cambiar el Gobierno de Javier Milei

El proyecto elaborado bajo la órbita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone modificar estas restricciones. La versión original planteaba eliminar protecciones vinculadas tanto con bosques como con otras tierras afectadas por incendios.

Durante el debate en comisión, los cambios relacionados con la protección de bosques nativos fueron rechazados. Sin embargo, el proyecto mantuvo la eliminación de restricciones para tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas.

De aprobarse esta modificación, se reducirían las barreras que actualmente impiden cambiar el destino de determinados terrenos después de un incendio. Por eso, el punto generó preocupación entre quienes advierten sobre el riesgo de que la flexibilización termine favoreciendo negocios inmobiliarios o productivos en zonas recientemente afectadas por el fuego.

La reforma forma parte de un proyecto mucho más amplio. Además de la Ley de Manejo del Fuego, la iniciativa modifica aspectos de la Ley de Expropiaciones y del Código Procesal Civil y Comercial, particularmente en relación con los procesos de desalojo.

Así, pese a que el Gobierno debió retirar el capítulo más cuestionado sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, la discusión sobre el destino de los terrenos incendiados quedó dentro de una reforma que la oposición considera de alto impacto sobre la propiedad y el territorio.