El Gobierno admitió que el dinero destinado a las rutas no fue utilizado íntegramente para ese fin y ahora sostiene que una parte se usa para bacheo, mientras el resto queda bajo la órbita de Economía.
El Gobierno quedó nuevamente bajo presión por el destino de fondos públicos que deberían tener un uso específico y por la falta de precisiones sobre una deuda multimillonaria. En una conferencia de prensa atravesada por preguntas incómodas, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó explicar qué ocurrió con la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y con los casi $4 billones obtenidos por el Tesoro en una reciente licitación de deuda, pero sus respuestas no permitieron reconstruir con claridad dónde está el dinero.
El dinero para las rutas que terminó en otro lado
El punto más sensible surgió a partir de una declaración del propio Ravier, quien había reconocido que una parte importante de los $1,5 billones recaudados a través del fideicomiso destinado al financiamiento de obras viales no fue utilizada para ese objetivo.
Consultado nuevamente por sus dichos, el funcionario intentó justificar el cambio de política con el argumento de que el Gobierno pretende avanzar hacia un esquema de concesiones privadas. Sin embargo, evitó explicar qué ocurrió con los recursos que los contribuyentes aportaron específicamente para el mantenimiento de las rutas nacionales.
Después de varias preguntas, Ravier aseguró que “el dinero del impuesto al combustible está yendo al bacheo de las rutas nacionales”, aunque inmediatamente reconoció que una parte de esos recursos queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
La explicación deja un interrogante central: si el dinero recaudado tiene como destino el mantenimiento de la infraestructura vial, ¿cuánto se utilizó efectivamente para las rutas y cuánto fue absorbido por las cuentas generales del Gobierno?
Casi $4 billones de deuda y ninguna explicación concreta
La otra pregunta que incomodó al portavoz estuvo vinculada con los casi $4 billones que el Tesoro obtuvo como excedente en la licitación de deuda del 29 de julio.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había asegurado que el dinero “está en algún lado”, mientras que desde el Gobierno sostuvieron que los fondos pueden ser rastreados. Ravier repitió esa explicación y afirmó que “están en las cuentas comerciales del Tesoro”, sin aportar documentación ni mayores precisiones sobre su ubicación.
La respuesta volvió a dejar abierto el interrogante sobre el manejo de una suma extraordinaria de dinero público en un contexto en el que el Gobierno sostiene un discurso permanente de austeridad y equilibrio fiscal.
Sturzenegger y el respaldo de Milei
En medio de las preguntas por el fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Ravier también fue consultado por la continuidad de Federico Sturzenegger, uno de los principales responsables del proyecto que debió ser modificado durante su tratamiento legislativo.
El vocero buscó cerrar cualquier especulación y aseguró que el ministro “es una figura clave” y que cuenta con el respaldo tanto de Javier Milei como del resto del Gobierno.
El Gobierno tampoco ofrece respuestas para los endeudados
La conferencia también expuso la falta de una respuesta concreta frente al creciente problema del endeudamiento de familias y empresas. Ravier reconoció que se trata de una situación preocupante, pero volvió a trasladar la responsabilidad al ámbito privado.
“Es un acuerdo entre privados”, sostuvo, antes de reivindicar las supuestas soluciones de mercado y atribuir una eventual mejora futura al programa económico del Gobierno.
Mientras tanto, millones de argentinos enfrentan deudas, alquileres, tarifas y gastos cotidianos cada vez más difíciles de afrontar. Para el Ejecutivo, cualquier política destinada a aliviar esa situación podría convertirse en un nuevo “plan platita”. La explicación oficial, una vez más, parece ser esperar a que la solución llegue sola.
