El Gobierno avanza con el desguace de activos estratégicos: YPF se desprende del 70% de Metrogas y deja la distribuidora de gas en manos de Edenor, en una operación de US$780 millones.
La política de privatizaciones del Gobierno sumó un nuevo capítulo con la venta de la participación de YPF en Metrogas a Edenor, la distribuidora eléctrica controlada por el empresario José Luis Manzano. Por US$780 millones, la petrolera estatal se desprenderá del 70% de la compañía de gas y del 5% de Metroenergía, en una operación que vuelve a poner bajo la lupa el avance de la concentración privada sobre servicios esenciales para millones de argentinos.
La decisión fue aprobada por el Directorio de YPF luego de un proceso competitivo y todavía debe atravesar las autorizaciones regulatorias correspondientes. Sin embargo, el mensaje político de fondo ya está dado: el Estado abandona progresivamente posiciones en sectores estratégicos mientras el Gobierno presenta la venta de activos públicos como una supuesta optimización empresarial.
YPF se desprende de Metrogas y concentra el negocio energético
La operación implica que YPF dejará de tener participación accionaria tanto en Metrogas como en Metroenergía. En el caso de Metrogas, la petrolera vende la totalidad del paquete que posee, equivalente al 70% del capital social y de los derechos de voto.
El argumento oficial es que YPF debe concentrar sus recursos en Vaca Muerta y desprenderse de activos considerados “no estratégicos”. Pero la discusión excede las cuentas de una empresa: Metrogas es una de las principales distribuidoras de gas del país y participa de un servicio indispensable para hogares, comercios e industrias.
La pregunta que deja la operación es qué pierde el Estado cuando abandona posiciones en áreas sensibles y qué gana, en cambio, un mercado cada vez más concentrado.
De un servicio estratégico a un negocio concentrado
La venta adquiere una dimensión todavía más preocupante por el comprador. Edenor, que ahora busca quedarse con Metrogas, opera en el estratégico negocio de la distribución eléctrica y está vinculada al empresario José Luis Manzano.
De concretarse la operación, un mismo grupo empresario tendrá una presencia todavía mayor en dos servicios energéticos centrales. La electricidad y el gas no son bienes accesorios: atraviesan la vida cotidiana de millones de familias y determinan buena parte de los costos de producción de la economía argentina.
En ese contexto, la concentración no puede analizarse únicamente como una decisión comercial. También plantea interrogantes sobre competencia, regulación y capacidad del Estado para controlar empresas privadas que administran servicios esenciales.
El Gobierno acelera el retiro del Estado
YPF justificó la operación como parte de una estrategia destinada a mejorar la rentabilidad y liberar capital para expandir la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta. La compañía busca consolidarse como una empresa energética de escala global y aumentar su capacidad exportadora.
Pero detrás de esa explicación aparece una definición mucho más profunda: el Estado vende activos para concentrarse en determinados negocios y deja otros espacios en manos privadas.
La operación por US$780 millones representa otro paso en ese proceso. Y mientras el Gobierno reivindica la eficiencia del mercado como principio rector, queda abierta una discusión que afecta directamente a los usuarios: quién controla los servicios esenciales cuando el Estado decide correrse.
Una privatización que vuelve a encender las alarmas
El cierre de la transacción dependerá todavía de las autorizaciones regulatorias y del cumplimiento de las condiciones previstas en la oferta. Entre los organismos que deberán intervenir se encuentra el ente regulador correspondiente al sector energético.
Sin embargo, el avance de la venta vuelve a instalar una discusión que parecía saldada después de las experiencias privatizadoras de los años 90: qué ocurre cuando empresas estratégicas dejan de estar bajo control estatal y pasan a integrarse en grandes grupos privados.
La venta de Metrogas no es solamente una operación de US$780 millones. Es otro capítulo de un modelo que reduce la presencia del Estado y amplía el espacio de los grandes actores privados en áreas indispensables. Y cuando se trata de gas y electricidad, el costo de equivocarse no se mide solamente en balances empresariales: se paga en las tarifas, en la producción y en la vida cotidiana de millones de personas.
