El gobierno bonaerense reclama más de $220 mil millones por el financiamiento del SAE y pide que Nación se haga cargo del programa MESA. Desde Capital Humano niegan la deuda.
La disputa entre la Provincia y el Gobierno nacional por el financiamiento de políticas sociales sumó un nuevo frente. El ministro bonaerense Andrés Larroque denunció una deuda millonaria de Nación en programas alimentarios clave, mientras que desde el área que conduce Sandra Pettovello rechazaron esa acusación y negaron cualquier incumplimiento.
La deuda que denuncia la Provincia y el reclamo por fondos
Según detalló Larroque, la deuda vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE) supera los $220.800 millones, producto de transferencias nacionales que quedaron muy por debajo de lo solicitado y de la evolución de los costos. En 2025, explicó, Nación giró poco más de $77 mil millones frente a un requerimiento cercano a los $130 mil millones, mientras que para 2026 el monto propuesto también queda rezagado frente a una inflación de alimentos estimada en torno al 30%.
A esto se suma el reclamo por el financiamiento del programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria), que hoy es sostenido íntegramente por la Provincia. Desde el gobierno de Axel Kicillof advierten que, en un contexto social crítico, la falta de aportes nacionales obliga a asumir costos crecientes para garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria.
La respuesta de Nación y el impacto en los bonaerenses
Desde el Ministerio de Capital Humano rechazan la existencia de una deuda y sostienen que el SAE es una responsabilidad principalmente provincial. Según ese argumento, el Gobierno nacional aporta alrededor del 20% del financiamiento, mientras que el resto debe ser cubierto por la Provincia.
El conflicto no es sólo administrativo. Detrás de la discusión por los números aparece el impacto concreto sobre millones de bonaerenses que dependen de estos programas para acceder a alimentos. La falta de actualización de los fondos y la negativa a reconocer la deuda, advierten desde la Provincia, tensionan la capacidad del sistema para sostener comedores escolares y políticas de asistencia en un escenario social cada vez más exigente.
En ese cruce, la discusión sobre quién debe financiar qué deja de ser técnica. Porque cuando los recursos no llegan o se recortan, lo que queda en juego no es sólo un número, sino la cobertura de una necesidad básica que, en la práctica, no puede esperar.
