Con el trasfondo de una millonaria deuda judicializada a instituciones de asistencia social y la inminente llegada de León XIV, la gestión libertaria financia al sector evangélico y respalda la apertura de un megatemplo en Neuquén.
En la antesala del histórico arribo de León XIV a la Argentina, el Poder Ejecutivo volvió a exhibir la arbitrariedad de su política de alianzas. A través del despliegue de funcionarios y legisladores nacionales en la provincia de Neuquén, la administración de Javier Milei oficializó su respaldo a la inauguración de un megatemplo de la iglesia “Jesús es Rey”, encabezada por el pastor Hugo Márquez —padre de la diputada nacional libertaria Nadia Márquez—. La presencia gubernamental en el lanzamiento del recinto bautista más grande del país no solo refleja la transferencia de capital político a sectores afines, sino que expone el uso discrecional de recursos públicos mediante convenios focalizados de contención social otorgados a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), en detrimento de la histórica red asistencial católica.
El evento en el sur, presentado formalmente bajo un ropaje religioso pero con un fuerte trasfondo de poder, contó con la participación de figuras de la extrema derecha regional, como la congresista peruana Milagros Aguayo. En la previa de la actividad, la conducción del templo no dudó en cuestionar abiertamente las homilías de la cúpula eclesiástica local, cuestionando los pronunciamientos del arzobispado porteño que venían advirtiendo sobre el impacto del ajuste económico. Esta avanzada comunicacional coincide con el antecedente de la gestión nacional en la cesión del edificio del ex CCK para actividades evangélicas y el padrinazgo a emprendimientos religiosos monumentales en el interior, marcando una clara preferencia institucional por actores que respaldan el rumbo económico oficial.
La contracara de esta cercanía con el sector evangélico es la asfixia financiera a entidades históricas ligadas a la Iglesia católica. La retención de fondos y el desconocimiento de compromisos asumidos en el área de Salud derivaron en un embargo judicial contra el Ministerio de Salud por una deuda superior a los 828 millones de pesos destinada a insumos y medicamentos del Pequeño Cottolengo Don Orione. Esta situación genera un clima de tensión insostenible, considerando que la propia agenda de la visita papal incluye una recorrida por las instalaciones de esa institución en Claypole. La parálisis asistencial provocada por la falta de pagos contrasta con la celeridad gubernamental para tercerizar programas alimentarios en organizaciones aliadas.
La decisión de confrontar de manera soterrada con el Vaticano a través de gestos unilaterales expone la fragilidad de la política institucional del Gobierno. Mientras las autoridades de la Iglesia católica reclaman por las consecuencias de la recesión y el vaciamiento de la contención en los barrios populares, la gestión libertaria opta por consolidar un entramado político-religioso a medida para amortiguar el desgaste de la gestión. La profundización de estas diferencias no solo tensa la diplomacia a días del paso del Pontífice por el país, sino que deja al descubierto un modelo de gobierno que premia la alineación ideológica mientras desfinancia la atención a los sectores más vulnerables.
