La pasividad del Gobierno ante el cruce ilegal del senador brasileño hacia Estados Unidos abre sospechas de complicidad estatal y pone a la relación con Brasil al borde del colapso institucional.

La diplomacia argentina atraviesa horas oscuras tras quedar envuelta en un escándalo de escala regional con derivaciones imprevistas. La citación urgente de la encargada de negocios en Brasilia por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no es un mero trámite protocolar; representa un tirón de orejas inédito que deja al desnudo las fisuras, la opacidad y los peligros de la política exterior conducida por la gestión de Javier Milei. La huida del senador Flávio Bolsonaro, quien pesaba bajo una prohibición judicial explícita para abandonar territorio brasileño, expone la fragilidad de nuestros controles fronterizos y alimenta la preocupante hipótesis de que el aparato estatal argentino haya actuado como zona de paso o refugio para alfiles de la extrema derecha regional.

El recorrido del legislador brasileño hasta Miami, ingresando por la provincia de Misiones para luego abordar un vuelo privado, genera serios interrogantes que la Casa Rosada insiste en esquivar con un silencio cómplice. Resulta inaceptable que una persona sobre la que pesa un impedimento judicial de semejante magnitud transite por el suelo nacional sin que los organismos de seguridad e inteligencia emitan una sola alarma. La falta de explicaciones oficiales sugiere dos escenarios igualmente alarmantes: una inoperancia flagrante en el resguardo de las fronteras nacionales o una vista gorda deliberada por afinidades ideológicas, donde la camaradería política parece pesar más que los tratados internacionales y el respeto al debido proceso de una nación vecina.

La convocatoria a la diplomática María Emilia Cortés en el Palacio Itamaraty formalizó la gravedad de la crisis. Mientras la Policía Federal de Brasil indaga los apoyos logísticos de la maniobra, el Gobierno argentino opta por encubrirse tras la mudez, deteriorando aún más un vínculo comercial y estratégico vital para el desarrollo del país. Gobernar mediante el amiguismo ideológico y socavar la institucionalidad no solo expone a la Argentina al aislamiento internacional, sino que arriesga convertir la política exterior en un territorio sin ley donde la impunidad se negocia bajo el amparo del poder de turno.