Con subas confirmadas para noviembre y el desarme progresivo de los subsidios, la gestión nacional vuelve a golpear a la clase media y a los sectores vulnerables para sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo.

El gobierno de Javier Milei volvió a autorizar un nuevo esquema de aumentos para los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A partir de noviembre, las boletas de luz y gas llegarán con nuevos incrementos que se suman al tarifazo acumulado desde el inicio de la gestión. La medida confirma la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con el traspaso de costos hacia los usuarios, golpeando directo sobre los ingresos de la clase media y los sectores populares en un contexto de caída del poder adquisitivo.

En el caso de la energía eléctrica, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó la actualización del Costo Propio de Distribución para Edenor y Edesur, lo que se traducirá en un incremento promedio del 3,57% en las facturas. Si bien la Secretaría de Energía mantiene de forma temporal bonificaciones para consumos de hasta 200 kWh mensuales, el límite es estrecho para cualquier hogar promedio, y todo consumo excedente se cobrará a tarifa plena. A este cuadro se le suma el ajuste en el gas natural, donde Metrogas y Naturgy aplicarán subas de hasta 3,65%, con montos fijos que escalan fuertemente según la categoría del usuario.

El impacto sobre el bolsillo no termina ahí. Tras las modificaciones aprobadas en el Congreso a iniciativa del propio Ejecutivo, se recortó el beneficio de Zona Fría en diversas localidades, dejando sin un descuento clave a miles de familias que ahora enfrentarán costos mucho más altos. Como remate de este esquema de ajuste, el Gobierno ya prepara un aumento del 22,6% en el servicio de agua prestado por AySA, una suba previa al traspaso de la empresa al sector privado. La combinación de estos incrementos deja al descubierto la prioridad de la gestión: asegurar la rentabilidad de las empresas prestadoras y acelerar las privatizaciones, mientras la población del AMBA absorbe un costo cotidiano cada vez más difícil de sostener.