Mientras el Gobierno profundiza la motosierra sobre organismos, trabajadores y políticas públicas, una nueva reglamentación permite que los fondos destinados a futuras indemnizaciones sean invertidos en títulos de deuda del Estado nacional.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los mecanismos centrales de la reforma laboral. La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía estableció dónde podrán colocarse los recursos que las empresas deberán aportar para afrontar futuras indemnizaciones por despido.

La normativa habilita que ese dinero sea invertido en bonos del Tesoro, en un movimiento que vuelve a poner en evidencia una de las contradicciones del discurso libertario: mientras la administración Milei justifica el ajuste con la premisa de que al Estado hay que quitarle recursos, su propia reforma incorpora fondos laborales al circuito de deuda pública.

La plata para las indemnizaciones entra al mercado financiero

El FAL establece aportes mensuales del 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los recursos serán derivados a través de ARCA y administrados mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

El dinero no queda en una cuenta a nombre de cada trabajador, sino que integra un patrimonio asociado a cada empleador y afectado específicamente al pago de indemnizaciones, preavisos y otros conceptos derivados de la extinción de una relación laboral. La falta de fondos suficientes tampoco libera a la empresa de su obligación de pagar lo que corresponda.

La novedad está en qué puede ocurrir mientras esa plata permanece acumulada. La resolución permite invertirla en títulos de deuda del Estado nacional, deuda de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos bancarios y obligaciones negociables de empresas privadas.

La motosierra y una contradicción difícil de esconder

El Gobierno presenta el mecanismo como una herramienta para dar previsibilidad a las empresas y asegurar recursos ante eventuales despidos. Para reducir los riesgos, la normativa establece límites de concentración y dispone que al menos el 10% del patrimonio permanezca en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.

Pero la discusión excede la ingeniería financiera. Milei llegó al poder prometiendo una motosierra contra el gasto estatal y convirtió el ajuste en el principal argumento para cerrar organismos, recortar presupuestos y reducir puestos de trabajo. La explicación oficial fue, una y otra vez, que no hay plata y que el Estado no debe disponer de recursos que podrían permanecer en manos del sector privado.

Ahora, el mismo Gobierno habilita que recursos que las empresas deberán reservar para responder ante futuros despidos puedan terminar invertidos en deuda pública. No significa que el Estado pueda apropiarse de las indemnizaciones ni que el trabajador pierda automáticamente su derecho: significa que, antes de cumplir esa función, esos fondos podrán circular por el mercado financiero y uno de sus destinos posibles será financiar al Tesoro.

La paradoja queda expuesta en el corazón de la reforma laboral: mientras la motosierra recorta al Estado en nombre de la falta de recursos, el Gobierno abre una nueva vía para que dinero destinado a proteger a los trabajadores termine colocado en deuda del propio Estado.