El Gobierno eliminó programas destinados a monitorear el impacto ambiental de la actividad minera y también desactivó espacios de participación y desarrollo social en los territorios donde se explotan recursos naturales.
La Secretaría de Minería, a cargo del Ejecutivo nacional, avanzó con una nueva poda de estructuras estatales mediante la Resolución 64/2026. Bajo el argumento de reducir el “sobredimensionamiento” del Estado, la medida desarticuló programas que aportaban herramientas técnicas a las provincias y espacios de participación vinculados con las comunidades mineras.
Entre las iniciativas eliminadas aparece un programa creado específicamente para fortalecer el monitoreo de variables ambientales de la minería a nivel federal. La resolución asegura que será reemplazado por mecanismos “más eficientes”, pero no explica cuáles serán, quién estará a cargo ni con qué recursos funcionarán.
Menos controles para una actividad que puede dejar una huella profunda
El programa derogado había sido creado en 2022 con el objetivo de promover cooperación técnica y financiera entre Nación y provincias para que los gobiernos locales pudieran contar con herramientas destinadas a controlar y mitigar los impactos de la explotación minera a gran escala.
La decisión de eliminarlo adquiere especial relevancia en un país donde la minería ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la agenda económica del Gobierno. La expansión de proyectos extractivos puede involucrar recursos estratégicos, grandes volúmenes de agua y transformaciones profundas sobre los territorios, por lo que la capacidad estatal de monitorear esas actividades no es un detalle administrativo.
Sin embargo, la nueva resolución no establece un reemplazo concreto para esa estructura. La promesa de mecanismos alternativos queda, por ahora, en una formulación general mientras desaparece una herramienta que ya estaba funcionando.
La motosierra también llegó a las comunidades mineras
La poda alcanza además al Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, el Plan Nacional de Minería Social y la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas. Para justificar las bajas, el Gobierno plantea que algunas estructuras perdieron operatividad o que sus funciones serán absorbidas por nuevas instancias de coordinación, aunque tampoco detalla cómo funcionarán esos espacios.
La decisión expone una de las características más preocupantes de la agenda desreguladora de Milei: el Estado reduce su presencia justamente en áreas donde debería garantizar controles, información y participación social frente a actividades de alto impacto territorial.
Y hay un dato que vuelve todavía más evidente la orientación de la medida. La resolución aclara que las derogaciones no interrumpen ni extinguen los controles sobre los fondos ya ejecutados y mantiene las facultades para reclamar recursos transferidos a provincias y municipios.
Para controlar cómo se gastó la plata pública, las herramientas siguen en pie. Para monitorear qué ocurre con el ambiente, acompañar a las comunidades y fortalecer a quienes deben controlar la minería en los territorios, el Gobierno decidió que esas estructuras pueden desaparecer. La motosierra, una vez más, parece saber muy bien dónde cortar.
