Más de 140 buques permanecían frenados por un conflicto que ya afecta las exportaciones y la distribución de nafta, gasoil y fuel oil. La Prefectura comenzó a intimar a más de 500 prácticos y pilotos para que vuelvan a trabajar.

El paro portuario por tiempo indeterminado comenzó a generar un fuerte impacto sobre el comercio exterior argentino y encendió una alerta por el abastecimiento interno de combustibles. Al menos 140 buques quedaron frenados en distintos puntos del país, mientras las operaciones en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud permanecieron afectadas.

El conflicto se originó a partir del Decreto 690/2026, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La norma modificó las reglas del practicaje y pilotaje con el argumento de reducir costos logísticos y ampliar la competencia, pero provocó el rechazo de los trabajadores del sector, que reclaman su suspensión o derogación.

La situación ya comenzó a tener consecuencias sobre las exportaciones de granos y las operaciones portuarias, mientras creció la preocupación por las dificultades que podría generar la interrupción de las tareas vinculadas con la distribución de combustibles.

El Gobierno intimó a más de 500 trabajadores

Frente a la profundización del conflicto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar individualmente a más de 500 profesionales para que retomen sus funciones. Desde el Gobierno sostuvieron que el practicaje constituye un servicio público esencial y advirtieron que quienes mantengan la medida podrían quedar expuestos a sumarios administrativos y eventuales denuncias penales.

La intervención oficial expuso una de las principales contradicciones del conflicto: una reforma presentada por el Ejecutivo como una herramienta para desregular y modernizar una actividad terminó provocando una paralización que amenaza con complicar sectores sensibles de la economía.

Mientras los trabajadores reclaman que se revise la normativa, el Gobierno sostiene que el nuevo régimen busca terminar con restricciones que considera innecesarias y reducir los costos asociados al movimiento de cargas.

El impacto económico, además, ya alcanzó al movimiento internacional de mercaderías. Parte de las cargas comenzó a ser desviada hacia puertos de Montevideo y del sur de Brasil, mientras la demora de las operaciones representa una pérdida potencial de divisas para el país.

Qué cambia con el decreto de Sturzenegger

El Decreto 690/2026 reemplazó el régimen que regulaba los servicios de practicaje y pilotaje desde 1991. La nueva normativa habilitó el ingreso de nuevos prestadores, eliminó límites sobre la cantidad de profesionales registrados y permitió que los usuarios contraten libremente a los prácticos habilitados.

También estableció que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación determine tarifas máximas para los servicios e incorporó mecanismos de publicación de precios e información sobre las operaciones, con el objetivo declarado de promover la competencia.

El Gobierno defendió los cambios como parte de su política de desregulación y aseguró que permitirían reducir los costos logísticos vinculados al comercio exterior. Sin embargo, los trabajadores sostienen que la modificación afecta las condiciones de prestación de un servicio directamente relacionado con la seguridad de la navegación.

Reclamos por seguridad y tratados internacionales

El rechazo al decreto también trascendió las fronteras. La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico manifestó su preocupación por el nuevo régimen y advirtió sobre posibles consecuencias para la seguridad de la navegación y el cumplimiento de los acuerdos vigentes sobre las aguas compartidas.

La organización sostuvo que el practicaje resulta fundamental para proteger la vida humana, evitar daños ambientales y garantizar la seguridad de las operaciones portuarias. También reclamó mantener estándares adecuados de formación, certificación y habilitación profesional.

En medio del paro, las intimaciones y las negociaciones todavía abiertas, el conflicto dejó de ser solamente una disputa laboral. La paralización puso bajo tensión una parte estratégica del comercio exterior argentino y abrió un nuevo frente para un Gobierno que hizo de la desregulación una de sus principales banderas, pero que ahora enfrenta las consecuencias de una reforma que provocó el freno de una actividad clave para el funcionamiento de los puertos.