El Ejecutivo amplió el acceso a armas de alto calibre, incluyendo fusiles y subametralladoras derivadas de modelos militares. Expertos advierten por el riesgo de una mayor circulación de armamento pesado en manos civiles.

El Gobierno nacional oficializó una resolución que permite a ciudadanos acceder a fusiles y subametralladoras semiautomáticas con cargadores removibles, armas derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. La medida, que amplía el uso civil de este tipo de armamento, generó fuerte preocupación en sectores especializados por el posible incremento en la circulación de armas de alto poder de fuego.

El Registro Nacional de Armas (RENAR) asumirá la fiscalización y aplicación integral de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, tras la derogación de las normativas previas del viejo régimen. Con esta decisión, el organismo concentrará el control sobre la compra, almacenamiento y uso de armas semiautomáticas por parte de particulares.

Los nuevos requisitos incluyen la acreditación detallada del arma —marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie—, la instalación de un sistema de guarda tipo G2, la presentación de una declaración jurada con documentación probatoria y la demostración de al menos cinco años como legítimo usuario.

Además, se exige no tener sanciones ni trámites pendientes ante el RENAR y justificar el uso deportivo del armamento. Sin embargo, especialistas alertan que la flexibilización del acceso a fusiles y subametralladoras podría derivar en mayores riesgos de desvío o uso indebido.

La resolución, presentada como una “modernización del sistema”, despierta alarma por el contexto social y la falta de controles efectivos.