El Gobierno envió al Congreso una nueva versión de la “Inocencia Fiscal” que elimina los límites patrimoniales y vuelve a permitir que funcionarios y personas políticamente expuestas accedan al régimen. La oposición denuncia un “traje a medida” para el círculo del poder

El Gobierno envió al Congreso una nueva versión de la “Inocencia Fiscal” que elimina los límites patrimoniales y vuelve a permitir que funcionarios y personas políticamente expuestas accedan al régimen. La oposición denuncia un “traje a medida” para el círculo del poder.

El gobierno de Javier Milei volvió a apostar por una polémica medida para intentar atraer los dólares que permanecen fuera del sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, envió este jueves al Congreso una nueva versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que amplía los beneficios del régimen vigente y que, lejos de endurecer los controles, mantiene abierta la posibilidad de que funcionarios, dirigentes políticos y sus familiares regularicen bienes no declarados sin sanciones.

La iniciativa llega apenas meses después del primer régimen, que ya había quedado envuelto en fuertes cuestionamientos cuando trascendió que varios integrantes del oficialismo se habían acogido al beneficio. En lugar de corregir esa situación, el nuevo texto elimina las últimas restricciones y profundiza las facilidades para quienes poseen grandes patrimonios.

Un proyecto que también podría beneficiar a Caputo

La principal modificación consiste en la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que imponía la ley anterior. Hasta ahora solo podían adherir quienes declararan un patrimonio inferior a 10.000 millones de pesos, pero ese tope desaparece por completo.

Con ese cambio, el propio Luis Caputo podría ingresar al régimen. Según su última declaración jurada, el ministro informó un patrimonio cercano a 11.800 millones de pesos, gran parte de ellos vinculados a activos en el exterior.

Durante la presentación del proyecto, el ministro insistió en que la iniciativa no constituye un blanqueo sino una reforma tributaria destinada a incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero. Sin embargo, evitó responder preguntas sobre la posibilidad de que funcionarios utilicen el régimen para regularizar activos.

Un “blanqueo permanente” para el poder

La oposición rechazó de plano la iniciativa y sostuvo que se trata de un nuevo blanqueo encubierto diseñado para beneficiar tanto a grandes evasores como a integrantes del propio Gobierno. Legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros bloques anunciaron proyectos para impedir que personas políticamente expuestas puedan acceder al beneficio.

Las críticas también recuerdan que en la primera etapa del régimen ya habían ingresado funcionarios, legisladores y dirigentes cercanos al oficialismo, entre ellos Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Guillermo Francos, José Luis Espert, Fernando Iglesias y otros referentes libertarios.

Para la oposición, permitir nuevamente que quienes administran recursos públicos puedan regularizar patrimonios bajo condiciones excepcionales debilita los mecanismos de control y transparencia, mientras el Gobierno exige un fuerte ajuste sobre jubilados, trabajadores y provincias.

Con la urgencia de captar dólares para fortalecer las reservas y sostener el programa económico, el oficialismo buscará aprobar la ley durante agosto. Pero antes deberá enfrentar un debate que promete convertirse en uno de los más polémicos del año, con denuncias de que el Gobierno intenta convertir a la Argentina en un paraíso fiscal para funcionarios y grandes patrimonios.