El fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas para reconstruir los bienes del jefe de Gabinete. La causa apunta a posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de vida.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado por enriquecimiento ilícito en una causa que investiga su situación patrimonial y posibles irregularidades en sus declaraciones juradas.

La decisión fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó una batería de medidas de prueba para trazar el mapa económico del funcionario, en el marco de un expediente que viene creciendo en torno a sus viajes al exterior y propiedades que no habrían sido debidamente informadas.

Bienes, propiedades y declaraciones bajo la lupa

El eje de la investigación es claro: determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados por Adorni. Para eso, la fiscalía pidió información detallada sobre un inmueble en el Country Indio Cuá Golf Club, incluyendo titularidad, historial registral y eventuales gravámenes.

Además, se requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre del funcionario como de su pareja, Bettina Julieta Angeletti. El objetivo es establecer fechas de adquisición, porcentajes de titularidad y posibles restricciones legales.

La investigación también pone el foco en los viajes realizados a Estados Unidos y Punta del Este, que forman parte del análisis sobre el nivel de gastos y su correspondencia con los ingresos oficiales.

El pedido clave: las declaraciones juradas completas

Uno de los puntos centrales del expediente es el acceso a las declaraciones juradas del funcionario. Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo que requiera a la Oficina Anticorrupción la totalidad de los documentos presentados por Adorni entre 2022 y 2025, incluyendo los anexos reservados.

Ese material será clave para detectar posibles omisiones o inconsistencias en la información patrimonial declarada. La comparación entre esos datos y los bienes efectivamente registrados podría definir el rumbo de la causa.

La imputación marca un punto de inflexión: Adorni se convierte en el funcionario de mayor rango del gobierno de Javier Milei en quedar formalmente bajo investigación por un delito de este tipo.

A partir de ahora, la causa entra en una etapa donde los números, los papeles y los cruces de información empiezan a pesar más que las declaraciones públicas. Y donde cada dato puede terminar de ordenar —o desordenar— el mapa que la Justicia intenta reconstruir.