Menos de la mitad de las rutas argentinas están en buen estado tras el ajuste libertario en obras viales y la retención indebida del impuesto a los combustibles.
La motosierra libertaria encontró en la infraestructura pública uno de sus blancos predilectos, desatando una crisis sin precedentes que amenaza de forma directa la seguridad de millones de argentinos. Pese a que el presidente Javier Milei reconoció públicamente ante la Federación Internacional del Automóvil que una carretera en buen estado salva tantas vidas como un automóvil seguro, su propia gestión ejecutó un vaciamiento histórico del sector. Entre 2023 y 2026, el gasto real asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial se desplomó un alarmante 80%, condenando a la red vial al abandono y dejando a menos de la mitad de las trazas federales en condiciones transitables.
El mapa del desfinanciamiento y el abandono en las provincias
El ajuste sobre las cuentas públicas no representó una abstracción contable, sino la paralización deliberada de la obra pública en todo el territorio nacional. Los registros procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia exponen que la inversión en rutas nacionales pasó de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones en los años posteriores, proyectando un techo de apenas 562.900 millones de pesos a precios corrientes para 2026. Esta retirada absoluta del Estado federal significó recortar un 60% las partidas destinadas exclusivamente al mantenimiento de las calzadas existentes, asfixiando financieramente a las administraciones provinciales que ahora deben absorber el costo de vías que corresponden por ley a la jurisdicción de la Casa Rosada.
La magnitud del desamparo adquiere proporciones dramáticas al analizar el impacto federal del ajuste implementado por el Poder Ejecutivo. Distritos enteros sufrieron un recorte prácticamente total de las partidas: San Luis encabezó la sangría con una caída real del 95,7%, seguida muy de cerca por La Pampa con un 94,6% y Santa Cruz con una poda del 93,3%. El derrumbe también superó el 80% en jurisdicciones clave como Catamarca, La Rioja, Chubut y Chaco. En la provincia de Buenos Aires, el recorte alcanzó un demoledor 85%, pasando de percibir 468.500 millones a apenas 70.200 millones, mientras que motores productivos como Santa Fe y Córdoba sufrieron despojos superiores al 70%, dejando los corredores logísticos al borde del colapso.
La trampa de los combustibles y el costo humano de la desidia estatal
La contradicción central del relato oficial radica en una maniobra fiscal que raya en la ilegalidad administrativa. Mientras el Ministerio de Economía aplicó aumentos sistemáticos sobre el impuesto a los combustibles, elevando su peso del 8,9% al 20,1% en el precio final de la nafta en los surtidores, el Gobierno retuvo los fondos específicos destinados por ley a la infraestructura. A pesar de que esta tasa fue la que más creció en términos de recaudación desde el inicio del mandato libertario, la administración central giró menos de la mitad de lo que correspondía para reparar caminos, incumpliendo la asignación obligatoria del 14,25% que debió transferir a Vialidad Nacional más de 2.300 millones de dólares.
Lejos de generar un ahorro fiscal genuino, la postergación de las obras básicas incubó un pasivo financiero colosal y una tragedia evitable sobre el asfalto. Según los relevamientos del Instituto Argentina Grande y la Cámara Argentina de la Construcción, apenas el 42,4% de las rutas nacionales se conserva en buen estado, mientras que casi un tercio de la red está destruida, elevando la factura de una futura reconstrucción a más de 23.000 millones de dólares para las trazas federales. Este cóctel de subejecución presupuestaria, cinismo recaudatorio y desidia oficial se tradujo de forma inmediata en sangre: las víctimas fatales en accidentes viales treparon a 4.369 en el último año, marcando un salto del 14% que evidencia el costo humano irreparable del experimento libertario.
