El Gobierno de Javier Milei impulsa allanamientos, denuncias penales y medidas cautelares para frenar la difusión de audios que revelan presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. La ofensiva judicial apunta a periodistas y medios mientras crecen las denuncias de censura previa y el oficialismo enfrenta una crisis interna y caída en las encuestas.

El Gobierno de Javier Milei avanza en una ofensiva judicial contra periodistas y medios para frenar la difusión de los audios que destaparon el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Con dos denuncias —una penal y otra civil—, la Casa Rosada impulsa allanamientos y medidas de censura bajo el argumento de que se trata de una operación internacional organizada por kirchneristas, rusos, venezolanos, bolivianos e incluso la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mientras tanto, la justicia actuó con velocidad para prohibir la difusión de los audios, en medio de la caída en las encuestas y el impacto electoral de este nuevo escándalo.

El blindaje de los Milei

La denuncia penal, presentada por Fernando Soto —mano derecha de Patricia Bullrich—, sostiene que la difusión de los audios busca “influenciar ilegítimamente” en la opinión pública y alterar el proceso electoral. El texto no menciona las coimas ni a Diego Spagnuolo, el exfuncionario de Andis que quedó en el ojo de la tormenta, ni hace referencia a las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.

El caso cayó por sorteo en el juzgado de Julián Ercolini y en la fiscalía de Carlos Stornelli, dos nombres clave del entramado judicial vinculado al macrismo. Paralelamente, el juez civil Alejandro Maraniello dictó una cautelar para impedir que los medios difundan los audios, pese a estar acusado de abuso sexual y acoso en cinco causas abiertas en el Consejo de la Magistratura.

Un juez polémico y denuncias de abuso

Maraniello, que dio luz verde a la medida solicitada por Karina Milei, enfrenta ocho denuncias judiciales. En agosto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura lo notificó de las acusaciones, que incluyen el caso de una joven que lo denunció por abuso sexual y maltrato. La víctima, hija de un camionero, relató que el juez se burlaba de su origen social mientras avanzaba con insinuaciones y presiones.

El magistrado justificó la cautelar alegando que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, posiblemente en la Casa Rosada. Sin embargo, constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez advirtieron que “la censura previa es inadmisible, sobre todo en temas de interés público que involucran a funcionarios”. El abogado Pedro Camino coincidió: “No hay autoridad que pueda impedir la difusión de información, mucho menos cuando se trata de asuntos que afectan al Estado”.

El trasfondo político: coimas e interna libertaria

El Gobierno busca tapar dos frentes explosivos: el esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y la feroz interna de La Libertad Avanza (LLA). Las grabaciones revelan pedidos de dinero para beneficiar a empresarios y referencias al “3 por ciento para Karina”. Incluso mencionan a la familia Menem y a la hermana del Presidente.

Spagnuolo, señalado como pieza clave en el entramado, habría relatado detalles de la corrupción a integrantes de LLA. Todo apunta a que las filtraciones surgieron desde el propio oficialismo. Las grabaciones fueron utilizadas como arma política en una interna que terminó desbordando al Gobierno.

La reacción de la Casa Rosada

El oficialismo tardó dos semanas en reaccionar. Milei no publicó mensajes en redes sociales, sus funcionarios evitaron a la prensa y las caravanas electorales quedaron prácticamente paralizadas. La decisión de echar a Spagnuolo pareció confirmar la veracidad de los audios, lo que debilitó aún más al Gobierno.

El impacto se sintió en las encuestas y en la reciente elección en Corrientes, donde LLA quedó en cuarto lugar. Con la Provincia de Buenos Aires como próximo desafío electoral, Milei y Bullrich buscan frenar cualquier nueva filtración.

Persecución a periodistas y medios

En la denuncia, el Ministerio de Seguridad solicita allanamientos contra periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron las grabaciones. También apunta al canal de streaming Carnaval, del dirigente de AFA Pablo Toviggino, y al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada libertaria Marcela Pagano.

Bullrich acusa a Bindi de estar vinculado con agentes de inteligencia y de haber trabajado para la petrolera venezolana PDVSA, además de haber dado refugio a Evo Morales durante su exilio. Estas conexiones sirvieron para construir un relato de “trama internacional” detrás del escándalo.

El fantasma de la injerencia extranjera

El escrito oficial asegura que un grupo ruso, denominado “La Compañía”, estaría detrás de campañas de desinformación y que habría intervenido en elecciones de otros países desde 2017. La denuncia menciona además a Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y el kirchnerismo como parte de la supuesta operación contra Milei.

Sin embargo, no presenta pruebas ni indicios concretos. Tampoco aborda lo esencial: las compras irregulares de medicamentos, los pedidos de coimas ni los testimonios de empresarios y militantes que confirman el cobro de sobornos.

Voces que confirman la trama de corrupción

El caso de Discapacidad se suma a otros testimonios que salpican al círculo presidencial. El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols denunció que le pidieron 2.000 dólares para reunirse con Milei. Empresarios cripto aseguraron que debían pagar “peajes” para tener acceso al Presidente, mientras que Hayden Davis, socio en el escándalo de Libra, afirmó: “Yo le pago a Karina y hago lo que quiero con Milei”.

Incluso exintegrantes de LLA reconocieron que las candidaturas se vendieron durante la campaña. Estas declaraciones consolidan la sospecha de una red de recaudación ilegal liderada por funcionarios del entorno presidencial.

Censura en Argentina, difusión en Uruguay

Pese a la medida judicial que impide difundir los audios en Argentina, periodistas uruguayos anunciaron que continuarán publicándolos. Eduardo Preve, de radio M24, adelantó que este martes difundirá nuevas grabaciones del “Audiogate”. La decisión desafía el intento de censura y pone en evidencia el alcance internacional del escándalo.

Un intento desesperado de control

El accionar del Gobierno refleja una estrategia defensiva frente a un panorama crítico. La censura previa, cuestionada por especialistas y organismos de prensa, evidencia la preocupación oficialista ante el impacto político de las denuncias. A menos de un año de gestión, Milei enfrenta el desgaste de su imagen y el desafío de contener una crisis interna que amenaza con fracturar a LLA.

La persecución judicial a periodistas, el armado de teorías conspirativas y el silencio oficial parecen confirmar la gravedad de los hechos revelados. Mientras tanto, la filtración de audios y nuevas investigaciones podrían profundizar el escándalo y abrir un nuevo capítulo de tensión política en Argentina.