Según un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante 2025 la carne aumentó 39 puntos porcentuales por encima de la inflación.
El gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma profunda del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) mediante la modificación de la Ley N° 25.520, un cambio que reconfigura funciones, estructuras y alcances de los organismos de inteligencia y que ya generó fuertes cuestionamientos desde la oposición. La medida quedó plasmada en el decreto 941/2025 y, según el Ejecutivo, busca modernizar el sistema, evitar superposiciones y mejorar el intercambio de información estratégica.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la consolidación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano rector del SIN. Bajo su conducción quedarán el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI). Además, todas las actividades de inteligencia pasan a tener “carácter encubierto”, argumentando su sensibilidad y la necesidad de reducir el denominado Riesgo Estratégico Nacional.
El decreto también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que dependerá de la Jefatura de Gabinete y tendrá como objetivo proteger infraestructuras críticas y activos digitales del Estado, separando esas tareas de las funciones de inteligencia. En paralelo, se conforman la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), ámbitos destinados a centralizar el flujo de información entre organismos públicos bajo la coordinación de la SIDE.
Otro punto relevante es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuyas funciones serán absorbidas por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la transformación de la antigua División de Asuntos Internos en la IGI, encargada de auditorías y controles internos.
La reforma incluye el apartado más controvertido: el artículo 19 del decreto incorpora a la ley la posibilidad de que agentes de inteligencia realicen aprehensiones en situaciones específicas. Podrán hacerlo durante actividades de inteligencia, ante requerimientos judiciales o frente a delitos flagrantes, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Desde la SIDE defendieron los cambios y aseguraron que apuntan a un sistema profesional, eficiente y alineado con estándares democráticos, mientras sectores opositores alertan sobre un avance hacia un “Estado policial” y un corrimiento de límites históricos en materia de inteligencia.
