Con la consigna oficialista de terminar con la excusa de la edad, la gestión libertaria dejó operativo el nuevo régimen punitivo en medio de duras advertencias por la falta de presupuesto y la criminalización de las infancias.
El Gobierno nacional formalizó la puesta en marcha de una de las medidas más controversiales de su mandato al reglamentar el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que habilita legalmente el encarcelamiento de adolescentes desde los 14 años. La confirmación del decreto desató una ola de festejos en el oficialismo encabezada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró públicamente que se terminó la excusa de la edad para delinquir. La ofensiva gubernamental impone un sesgo punitivista sobre las infancias más vulnerables, transformando la privación de la libertad en la principal respuesta estatal mientras se desmantelan los dispositivos de contención social.
El festejo de Bullrich cristalizó la doctrina de mano dura que el presidente Javier Milei busca consolidar como bandera política. Lejos de proponer políticas de fondo frente a la exclusión, la deserción escolar o el avance del narcotráfico en los barrios populares, la administración libertaria eligió apurar la vigencia de una norma que habilita condenas y encierro para chicos de 14 y 15 años. La celebración oficialista fue recibida con honda preocupación por especialistas y sectores de la oposición, que advierten sobre la peligrosa regresión en materia de derechos humanos y tratados internacionales de protección integral de la niñez.
La avanzada punitiva del oficialismo frente a la desprotección social
La retórica libertaria celebró la posibilidad de encarcelar a menores en un contexto de extremo deterioro socioeconómico, trasladando la culpa de la inseguridad a la franja etaria más desamparada. Para viabilizar la aplicación del régimen, el decreto reglamentario facultó al Ministerio de Justicia como la autoridad central encargada de firmar convenios de cooperación con provincias, universidades y organizaciones. Paralelamente, se dispuso la creación de un Comité Interministerial junto a las carteras de Seguridad, Salud y Capital Humano para definir medidas socioeducativas y coordinar el abordaje de los consumos problemáticos.
La arquitectura institucional se completa con la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un órgano de articulación con los distritos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y representantes del Poder Judicial. Sin embargo, la puesta en escena burocrática choca contra la falta de garantías operativas: el Ejecutivo impulsó la baja de la edad sin prever partidas presupuestarias para infraestructura, desatendiendo el hecho de que el país cuenta con apenas 56 centros de detención para menores y seis provincias carecen por completo de plazas de alojamiento diferenciadas.
El control estatal sobre los adolescentes imputados y el riesgo de colapso carcelario
La reglamentación también dio origen al Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, un cuerpo estatal destinado a la asistencia, control y seguimiento de los adolescentes procesados. Estos funcionarios deberán acreditar formación en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social, un requisito que abre fuertes interrogantes respecto a cómo se financiará y seleccionará dicho personal bajo la política de vaciamiento del empleo público que sostiene el Estado nacional.
En idéntico sentido punitivo, la norma creó el Registro Nacional de Reincidencia para recolectar datos y evaluar la reiteración delictiva. Mientras el oficialismo festeja la posibilidad de llenar calabozos con adolescentes, la falta de financiamiento amenaza con saturar las precarias estructuras carcelarias existentes y trasladar la totalidad del costo operativo a las provincias. Al priorizar el rédito electoral de la mano dura por sobre la prevención y el desarrollo social, la gestión libertaria sella un peligroso retroceso institucional donde el castigo penal a edades cada vez más tempranas sustituye la responsabilidad indelegable del Estado.
