El Gobierno oficializó la venta del 90 % de las acciones de la empresa estatal y modificó el marco regulatorio para permitir la interrupción del servicio por mora o fallas en las instalaciones. La decisión, impulsada por un DNU y un decreto, deberá ser avalada por el Congreso.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el Decreto 494/2025. La medida contempla la venta del 90 % de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional y forma parte del plan de desregulación de empresas públicas impulsado por el Ejecutivo. La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial y deberá ser aprobada por el Congreso.

El texto establece que se autoriza “el procedimiento para la privatización total de AySA bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90 % del capital social de dicha empresa”, en línea con lo dispuesto por la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado.

La implementación estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía. Se prevé la venta de al menos el 51 % de las acciones a un operador estratégico, a través de una licitación pública nacional e internacional. El remanente será ofrecido en bolsas y mercados del país.

Además, el Ejecutivo avanzó en un cambio clave en el marco regulatorio del servicio: habilitó los cortes de suministro de agua por falta de pago y por deficiencias en las instalaciones internas del usuario. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se estableció que AySA podrá interrumpir el servicio en caso de “mora”, conforme al artículo 81 del nuevo marco legal.

La normativa también contempla cortes cuando se detecten “deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema que perturben la normal prestación del servicio u ocasionen perjuicios a terceros”. En estos casos, la concesionaria podrá cortar el suministro previa intimación, y deberá notificar a las autoridades locales y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Con esta medida, el Gobierno de Milei avanza en su plan de privatizaciones, en medio de un ajuste estructural que ya alcanzó a varias empresas estatales, y refuerza su intención de abrir al capital privado servicios públicos estratégicos como el agua potable.