La medida fue oficializada este martes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Las empresas deberán seguir otorgando boletos gratuitos, pero el Estado dejará de compensarlas económicamente.
El gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo recorte sobre el sistema de transporte y eliminó los subsidios destinados a las empresas de colectivos de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que el derecho seguirá vigente, la decisión abrió fuertes interrogantes sobre cómo impactará en el acceso real al servicio.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y forma parte del esquema de desregulación y reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria.
El Estado dejará de compensar a las empresas por los pasajes gratuitos
Hasta ahora, las compañías de transporte recibían reintegros estatales para cubrir el costo de los boletos sin cargo otorgados a personas con discapacidad, un derecho garantizado por ley.
Con la nueva resolución, las empresas deberán continuar ofreciendo esos pasajes gratuitos, pero ya no recibirán compensaciones económicas por parte del Estado nacional.
En el texto oficial, el Gobierno sostuvo que las condiciones actuales del mercado hacen “innecesaria” la continuidad del esquema de subsidios y argumentó que la libertad tarifaria permite a las compañías absorber esos costos dentro de su estructura financiera.
“La introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector”, justificó el Ejecutivo.
Temor por restricciones y más obstáculos para viajar
Aunque la resolución aclara que el derecho al transporte gratuito “sigue plenamente vigente y exigible”, la decisión generó preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y usuarios frecuentes del sistema.
El principal temor es que, sin financiamiento estatal, las empresas comiencen a restringir cupos, dificultar reservas o endurecer los requisitos para acceder a los pasajes gratuitos.
La medida aparece además en un contexto donde distintos sectores ya denuncian recortes sobre políticas de discapacidad, atrasos en prestaciones, demoras en tratamientos y reducción de recursos destinados a programas de asistencia.
En paralelo, el transporte de larga distancia atraviesa un escenario de fuerte aumento de tarifas y caída de pasajeros tras la desregulación impulsada por el Gobierno.
Con menos intervención estatal y empresas obligadas a absorber costos sin compensaciones, crecen las dudas sobre cómo se sostendrá en la práctica un derecho que millones de personas necesitan para acceder a tratamientos médicos, estudiar, trabajar o simplemente trasladarse dentro del país.
Porque aunque el Gobierno insiste en que la gratuidad continuará, el problema que empieza a aparecer es otro: qué pasa cuando un derecho sigue escrito en la ley, pero cada vez resulta más difícil ejercerlo.
