El jefe de Gabinete quedó bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito, viajes de lujo y movimientos millonarios en efectivo que no logra justificar. En Comodoro Py ya hablan de una posible indagatoria y crece la preocupación en la Casa Rosada.

Mientras el Gobierno intenta contener la interna libertaria y apagar incendios políticos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de un escándalo judicial que amenaza con golpear de lleno a la Casa Rosada. En Comodoro Py ya dan por posible un escenario explosivo: que el juez Ariel Lijo lo cite a declaración indagatoria durante las primeras semanas de junio por las causas vinculadas a viajes, dádivas y movimientos millonarios de dinero en efectivo que no logra justificar.

La situación se volvió todavía más delicada porque, pese a que Javier Milei había prometido hace casi tres semanas que Adorni presentaría su declaración jurada, el documento sigue sin aparecer. En Tribunales interpretan la demora como una señal de alarma: sospechan que el funcionario intenta “acomodar” información antes de entregarla oficialmente.

El expediente más sensible es el que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Allí aparecen operaciones que, según reconstruyen en la Justicia, involucran cientos de miles de dólares manejados en efectivo. Reformas millonarias, pagos de propiedades, viajes al exterior y consumos incompatibles con su salario forman parte de una trama que ya encendió todas las alertas.

En los despachos judiciales sostienen que Adorni habría movido cerca de un millón de dólares en los últimos años. Pero el foco no está solamente en el monto, sino en el origen del dinero y, especialmente, en el uso sistemático de efectivo. “No tiene cómo explicar semejante crecimiento patrimonial”, deslizan en los tribunales federales.

La hipótesis que circula en Comodoro Py es que el jefe de Gabinete intentará justificar parte de esos fondos mediante una supuesta ampliación de la herencia de su padre fallecido en 2006. Una maniobra similar ya fue utilizada por su hermano Francisco Adorni, que declaró dinero en efectivo como parte de una “corrección” sucesoria. Sin embargo, en la Justicia consideran que ese argumento difícilmente alcance para cubrir la magnitud de los movimientos investigados.

Viajes de lujo, hoteles cinco estrellas y sospechas de dádivas

En paralelo avanza otra línea judicial todavía más incómoda para el Gobierno: las causas por presuntas dádivas. Allí aparecen los viajes a Punta del Este y la estadía en el hotel Llao Llao Hotel & Resort, cuya factura habría superado los nueve millones de pesos.

Según trascendió, la reserva habría sido realizada por un empleado vinculado al grupo IRSA y el pago se habría concretado meses después mediante un depósito en efectivo. Para el juzgado, el eje pasa por determinar si empresarios financiaron beneficios personales para un funcionario con poder político.

El delito de dádivas no requiere probar una coima directa. Basta con acreditar que un funcionario recibió regalos, viajes o privilegios indebidos por el cargo que ocupa. Y en ese terreno, el expediente contra Adorni comienza a complicarse seriamente.

Un problema político que ya salpica a Milei

La crisis judicial del jefe de Gabinete golpea además en un momento de máxima fragilidad para el oficialismo. El Gobierno enfrenta una interna feroz entre el sector de Karina Milei y el armado de Santiago Caputo, mientras todavía arrastra el desgaste por los escándalos vinculados a Libra y ANDIS.

En ese contexto, la defensa cerrada que hicieron Milei y su entorno sobre Adorni empieza a convertirse en un problema político propio. En la Casa Rosada temen que una eventual indagatoria provoque un terremoto interno imposible de contener y deje al Presidente atrapado en una nueva crisis de corrupción apenas meses después de haber prometido terminar con “la casta”.

La sospecha que sobrevuela en Comodoro Py es devastadora para el relato libertario: detrás del discurso anticorrupción, la Justicia investiga movimientos de dinero, viajes de lujo y vínculos empresariales que podrían terminar comprometiendo al funcionario más protegido del círculo presidencial.