La concesión quedó en manos de la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus. Denuncias de amiguismo, subcontrataciones millonarias y vínculos con el círculo de Santiago Caputo vuelven a poner al Gobierno bajo la lupa.

El gobierno de Javier Milei oficializó la adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país y por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. La decisión, formalizada a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, confirmó que el consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus administrará la Vía Navegable Troncal durante los próximos 25 años.

Lejos de cerrar las polémicas, la adjudicación profundizó los cuestionamientos sobre un proceso atravesado por denuncias de favoritismo y presuntos beneficios para empresarios cercanos al entorno presidencial.

La Hidrovía, un negocio multimillonario bajo sospecha

La concesión incluye las tareas de dragado y balizamiento de la principal ruta comercial del país. Según estimaciones oficiales, el contrato permitirá una facturación promedio de 628 millones de dólares anuales y generará ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares durante toda la vigencia del acuerdo.

Las críticas no apuntan únicamente al volumen del negocio, sino a lo que ocurrirá detrás de la adjudicación formal. Diversas versiones señalan que parte de los servicios serán tercerizados a empresas vinculadas con grupos empresarios cercanos al oficialismo. Entre ellos aparece Neuss Capital, firma ligada a los hermanos Neuss, empresarios que mantienen una estrecha relación con Santiago Caputo, uno de los principales asesores del Presidente.

La estructura prevista permitiría a los subcontratistas acceder a una porción significativa de una caja que podría mover entre 200 y 300 millones de dólares por año, según trascendió en distintas investigaciones periodísticas.

Las conexiones políticas detrás de la concesión

Desde el Ministerio de Economía defendieron la licitación y destacaron una reducción de costos logísticos estimada en 13,5%, además de remarcar que el proceso concluyó sin impugnaciones formales. Sin embargo, las sospechas persisten alrededor de los vínculos entre algunos de los actores involucrados y sectores de poder cercanos a la Casa Rosada.

Entre los nombres que aparecen asociados al esquema de negocios figuran empresarios como Gustavo Elías, Juan Ondarcuhu y la familia Román, propietaria de Servimagnus. La cercanía de algunos de estos sectores con espacios de influencia política y económica alimentó las críticas de quienes consideran que la adjudicación terminó consolidando una red de intereses privados alrededor de uno de los activos más estratégicos de la economía nacional.

El contrato definitivo se firmará en las próximas semanas y contempla incluso una posible prórroga de hasta cinco años adicionales. Con la decisión ya oficializada, la discusión deja de centrarse en quién ganó la licitación para enfocarse en una pregunta más profunda: quiénes serán los verdaderos beneficiarios de un negocio que moverá miles de millones de dólares y tendrá impacto directo sobre el comercio exterior argentino durante las próximas décadas.