El Gobierno redujo la meta de superávit al 1,5% del PBI en el Presupuesto 2026 y enfrenta el desafío de cumplir con el FMI sin frenar la baja de la inflación, en un contexto de ajustes tarifarios, reformas impositivas y crecimiento económico incierto.

El arranque de 2026 encuentra al Gobierno nacional frente a un delicado equilibrio económico: sostener el superávit fiscal prometido sin poner en riesgo la meta presidencial de llevar la inflación a niveles cercanos a cero a mitad de año. El Presupuesto presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fijó una meta de superávit primario del 1,5% del PBI, por debajo del 2,2% acordado originalmente con el FMI, una señal que refleja tanto las limitaciones fiscales actuales como la necesidad de renegociar compromisos externos.

El resultado fiscal de 2025, con un superávit primario del 1,6%, marcó un hito para la administración de Javier Milei. Sin embargo, el escenario de este año es más exigente. La presión sobre el gasto público convive con normas que restringen recortes automáticos, como el financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, mientras algunos ingresos muestran señales de debilidad.

En paralelo, el Gobierno impulsa reformas impositivas y laborales con impacto directo en la recaudación. La baja del impuesto a las Ganancias para sociedades busca incentivar la inversión, pero reduce recursos fiscales. A eso se suma una eventual reforma laboral que podría recortar contribuciones patronales, con una pérdida estimada cercana al 0,5% del PBI, parcialmente compensada por mayor empleo formal.

Para sostener el equilibrio, el Ejecutivo avanzó con ajustes en tarifas y servicios públicos. Aumentos mensuales en agua, gas, electricidad y prepagas apuntan a reducir subsidios y aliviar las cuentas del Estado. No obstante, analistas advierten que estos incrementos no alcanzarán si la actividad económica y el empleo no muestran una recuperación sólida.

El debate inflacionario atraviesa toda la estrategia. Aunque Milei proyecta inflación cercana a cero, los últimos datos del Indec y las estimaciones privadas muestran registros todavía en torno al 2,5% mensual. Si los precios dejan de licuarse, el margen fiscal se achica y cualquier caída en la recaudación impacta de lleno en el superávit.

En febrero, Caputo enfrentará la segunda revisión del acuerdo con el FMI, clave para validar la nueva meta fiscal, definir objetivos de reservas y evaluar el esquema cambiario. Con un crecimiento proyectado del 5% —más optimista que las estimaciones privadas—, el éxito del programa dependerá de que la economía real acompañe y permita sostener el delicado equilibrio fiscal que propone el Gobierno.