El régimen impulsado por Javier Milei prometía hacer aflorar los dólares “del colchón”. Meses después, quienes más rápido aprovecharon sus beneficios fueron varios integrantes del propio oficialismo.
Cuando el Gobierno defendió la llamada Ley de Inocencia Fiscal, aseguró que la medida serviría para incorporar al circuito formal miles de millones de dólares que permanecían fuera del sistema. Lo que no explicó fue que el nuevo esquema también reduciría controles patrimoniales y abriría una ventana de alivio para funcionarios que enfrentaban cuestionamientos sobre sus bienes y declaraciones juradas.
La lista de adherentes conocidos crece semana tras semana y tiene nombres de peso dentro de la administración libertaria. Desde Manuel Adorni hasta el titular de ARCA, Andrés Vázquez, pasando por Federico Sturzenegger, José Luis Espert y otros dirigentes cercanos al poder.
El régimen que eliminó controles y sedujo al oficialismo
Antes de la reforma, la entonces AFIP analizaba no sólo los ingresos declarados por un contribuyente sino también la evolución de su patrimonio. La compra de inmuebles, vehículos y otros bienes podía derivar en requerimientos para justificar el origen de los fondos utilizados en esas operaciones.
Con la entrada en vigencia del Régimen Simplificado de Ganancias, buena parte de esos controles quedaron limitados. Especialistas tributarios lo describen como un “tapón fiscal” porque reduce la posibilidad de revisar inconsistencias patrimoniales de ejercicios anteriores y facilita la regularización de fondos que permanecían fuera del circuito formal. No casualmente, uno de los primeros en celebrar la iniciativa fue Manuel Adorni, quien la calificó como una ley destinada a quedar en la historia argentina.
El problema para el Gobierno apareció cuando comenzó a conocerse quiénes se anotaban para aprovechar sus beneficios.
Una nómina que incomoda a la Casa Rosada
Adorni y su esposa Bettina Angeletti se incorporaron al régimen antes de que el jefe de Gabinete presentara la declaración jurada rectificativa en la que reconoció activos que no habían sido informados previamente. La situación generó cuestionamientos porque la adhesión coincidió con el momento de mayor exposición pública de su patrimonio.
Pero el vocero presidencial no está solo. También figura Andrés Vázquez, titular de ARCA, quien arrastra controversias por propiedades en Miami y sociedades offshore que no habrían sido informadas oportunamente ante organismos de control. A la lista se suman Federico Sturzenegger, José Luis Espert, Santiago Oría, Antonio Aracre, Felipe Núñez, Joaquín Benegas Lynch, Manuel Vidal y el propio Juan Pazo, uno de los impulsores del régimen.
La coincidencia resulta difícil de ignorar. Una ley presentada como una herramienta para los ahorristas terminó convirtiéndose en un recurso aprovechado por funcionarios, asesores y dirigentes del espacio gobernante. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una simplificación tributaria, la sucesión de adhesiones alimenta una pregunta cada vez más incómoda: si el objetivo era beneficiar a los argentinos de a pie, ¿por qué los primeros en correr a utilizarla fueron quienes ocupan los despachos del poder?
