Un peritaje informático de la Policía Federal determinó que el Presidente fue el primero en difundir el código para adquirir la criptomoneda. Las llamadas frenéticas y los contratos hallados en un celular apuntan a un lanzamiento coordinado que derivó en una estafa millonaria.
La investigación judicial por la millonaria estafa con la criptomoneda $LIBRA dio un vuelco determinante que compromete de forma directa al poder político. Un informe técnico preliminar de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que el tuit publicado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025 fue la primera manifestación pública del contrato inteligente indispensable para adquirir el activo. El hallazgo de los peritos contradice la versión oficial del mandatario, quien en su momento argumentó haber copiado el código de internet tras considerarlo un proyecto privado de interés general.
El dictamen técnico, entregado a la fiscalía de Eduardo Taiano, detalla que al tratarse de un token emitido directamente en la blockchain y ausente en las plataformas de intercambio centralizadas, resultaba matemáticamente imposible que un usuario externo conociera la dirección del contrato antes de su divulgación original. La secuencia analizada por los especialistas demuestra que la página web mencionada en el posteo presidencial incorporó el código de 44 caracteres recién después de que se emitiera el mensaje en la red social, dejando al descubierto que la información provino de los desarrolladores directos del entorno digital.
El entramado corporativo y el rastro de las billeteras digitales
La documentación contable y digital recopilada en el expediente señala que la creación del activo se realizó mediante una billetera bautizada como “Team Libra 1”, bajo el control exclusivo de Kelsier Ventures, la firma manejada por el empresario estadounidense Hayden Davis. Esta compañía venía tejiendo lazos con el Gobierno a través de los operadores financieros locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, con la meta de posicionarse como asesores exclusivos de la administración nacional en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial. Según los abogados querellantes, la concentración absoluta de la liquidez inicial en un único actor configura la estructura típica de las maniobras especulativas de fraude financiero conocidas en el argot informático como inflar y deshacerse.
La trama sumó ribetes de escándalo internacional tras conocerse las declaraciones del propio Davis ante comisiones parlamentarias, donde admitió que durante el minuto cero del lanzamiento se encontraba en comunicación directa con los representantes del Ejecutivo argentino mientras el mandatario coordinaba las acciones por teléfono. El esquema de negocios provocó pérdidas globales que consultoras especializadas estiman por encima de los 280 millones de dólares, afectando a miles de pequeños ahorristas que compraron el activo entusiasmados por la promoción oficial antes de que su valor se pulverizara por completo tras el retiro masivo de fondos de las cuentas fundadoras.
Llamadas cruzadas y la pista de una millonaria tarifa en dólares
El peritaje tecnológico sobre el teléfono celular del intermediario financiero Mauricio Novelli terminó de aportar las pruebas que consolidan la hipótesis de una coautoría. Los registros telefónicos exponen que en los instantes previos y posteriores a la publicación del tuit, el jefe de Estado mantuvo ocho comunicaciones urgentes con el operador de bolsa. El tráfico de llamados de esa jornada involucró además a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al asesor estratégico Santiago Caputo y al entonces titular del consejo de asesores económicos, Demian Reidel, evidenciando un despliegue de coordinación al más alto nivel gubernamental.
La arista más comprometedora de la pesquisa radica en los borradores de contratos descubiertos en el dispositivo móvil de Novelli. Uno de los documentos preveía un desembolso total de 5 millones de dólares por parte de la firma tecnológica a cambio de posicionar sus servicios en el Estado, subdividido en un adelanto de dinero y un pago específico de 1,5 millones de dólares bajo el concepto explícito de retribución por el tuit del mandatario. Ante este escenario, las querellas impulsadas por los damnificados evalúan solicitar ampliaciones de carátula por delitos graves que abarcan el cohecho y las negociaciones incompatibles con la función pública, mientras el cuerpo pericial intenta avanzar en la identificación de los destinatarios finales de los millonarios giros de dinero realizados en los días previos al colapso.
