El último trimestre del año dejó una postal preocupante para la industria argentina. Cierres de plantas, despidos y suspensiones se multiplicaron en distintos rubros productivos, con un denominador común: caída del consumo interno, pérdida de competitividad y avance de las importaciones. Sin señales claras de reactivación, el 2025 termina con 21 grandes empresas en crisis y 4.382 trabajadores directamente afectados, según un relevamiento de la consultora Sistémica.
La provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el NOA concentraron los impactos más severos. En el sector cerámico, Ilva cerró su planta de Pilar y dejó sin empleo a 300 personas, mientras que Whirlpool bajó la persiana de su fábrica en Buenos Aires, inaugurada apenas en 2022, con 220 despidos. En autopartes, Corven avanzó con 150 desvinculaciones en Venado Tuerto, SKF cerró Tortuguitas con 145 cesantías y Dana clausuró su planta en San Luis, afectando a 50 trabajadores.
El ajuste también alcanzó a la industria electrónica y alimenticia. Newsan despidió a 150 empleados en Ushuaia, La Suipachense cerró su planta bonaerense con 143 puestos perdidos y Otito dejó sin trabajo a 40 personas en Jujuy. En el sector textil, TN & Platex, Luxo y Vulcalar discontinuaron líneas de producción y cerraron fábricas, con casi 260 trabajadores despedidos en distintas provincias.
A este cuadro se sumaron suspensiones masivas. Acindar suspendió a 200 operarios en Villa Constitución, Mondelez frenó la actividad de 2.300 trabajadores en General Pacheco y Textilana aplicó suspensiones a 175 empleados. En la industria automotriz, Stellantis adelantó vacaciones y extendió el parate hasta enero de 2026 en su planta de El Palomar, profundizando la incertidumbre laboral.
El trasfondo es más amplio. En lo que va del año se consolidó una retracción de la inversión extranjera directa, con un saldo neto negativo de 1.500 millones de dólares, según el Banco Central. Para Sistémica, el fenómeno no es coyuntural: menor demanda, mayores costos relativos y competencia importada empujan a muchas firmas a reducir operaciones o directamente abandonar el país, con un impacto directo sobre el empleo formal y la actividad económica.
En ese contexto, los instrumentos oficiales como el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) aparecen, por ahora, insuficientes para frenar la destrucción de capacidad productiva. “La economía no puede sostenerse solo con sectores primarios”, advierte el informe. La pérdida de fábricas no implica una reconversión automática: deja trabajadores afuera y capital productivo inutilizado, en un escenario que expone los límites del actual rumbo económico y la fragilidad del entramado industrial argentino.