El comunicado emitido tras el encuentro de intendentes de capitales de provincias en Paraná este martes 31 de marzo de 2026.
Mientras se profundiza la recesión que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono y desfinanciamiento por parte de la Nación.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional se busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes, cuando en realidad somos quienes sostenemos el gasto social en el territorio en la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al desentendimiento del Estado nacional.
Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada del PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el desmantelamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+, y también del transporte público, sin los subsidios del fondo compensadores derivados del impuesto a los combustibles.
Solo en 2025, el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior.
La asimetria fiscal también es desigual. La presión tributaria de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Sin embargo, salvo las transferencias automáticas que no puede interrumpir, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos.
Por eso reclamamos abrir una discusión de fondo sobre el régimen tributario y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y las competencias que presta cada nivel del Estado.
La Nación centraliza la recaudación de todos, pero no la distribuye de acuerdo con las obligaciones de gasto que luego recaen sobre provincias y municipios.
También deben reformularse los aportes del tesoro nacional (ATN). Ese fondo se integra con el 1% de los recursos coparticipables, el 2% del impuesto a las ganancias y el 1% de bienes personales, aportados por todos los argentinos.
Su distribución no puede seguir siendo discrecional ni unitaria y debe incluir a los municipios, que son el primer eslabón de prestaciones de servicios para la población. Aun así, las provincias y los municipios mantienen el equilibrio fiscal, ajustan gastos no esenciales y priorizan lo indispensable.
Porque gobernar no es abandonar a la gente.
No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la recesión se profundiza.
Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 28.620 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y la precarización laboral. Al mismo tiempo, cae la recaudacion de tasas municipales, la provincial, la nacional y la coparticipación.
En los primeros meses de 2026, la coparticipación federal cayó más de un 10% en términos reales. Es decir: bajan los ingresos mientras sube el costo operativo de los servicios.
En este contexto, el Estado nacional deja de cumplir funciones básicas: la atención del PAMI, los programas de salud y medicamentos, el mantenimiento de rutas nacionales, el transporte público, el financiamiento educativo y universitario, y las políticas destinadas a jubilados, personas con discapacidad y pacientes oncológicos.
Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación incumple sus obligaciones constitucionales.
Así la Argentina no funciona.
