El gobernador ordenó la intervención de áreas clave del gabinete luego del tiroteo en San Cristóbal. Buscan contener a la comunidad y encuadrar el caso dentro de los límites legales vigentes.

El impacto del ataque en la Escuela Normal Mariano Moreno no solo sacudió a la comunidad educativa: también puso en marcha una respuesta política inmediata. Desde el primer momento, la gestión provincial se enfocó en ordenar la intervención y dar señales de presencia en el territorio.

Despliegue territorial y coordinación de áreas clave

Por instrucción de Maximiliano Pullaro, el Gobierno de Santa Fe activó un operativo interministerial con presencia en la ciudad de San Cristóbal. Hasta allí se trasladaron los ministros Pablo Cococcioni, José Goity y Victoria Tejeda, junto a equipos especializados.

La decisión apunta a articular tres ejes: seguridad, contención social y abordaje educativo. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron que la investigación está en marcha y que se trabaja para determinar la magnitud del hecho y reunir pruebas. En paralelo, se coordina con la Secretaría de Niñez una intervención que será elevada al Ministerio Público de la Acusación, en un contexto atravesado por una limitación central: el agresor es menor no punible según la legislación vigente.

Medidas educativas y foco en la contención

En el plano educativo, la gestión provincial resolvió la suspensión de clases durante tres días y el despliegue de equipos territoriales dentro de la institución. El objetivo es acompañar a estudiantes, docentes y familias en un escenario atravesado por la conmoción.

Desde Educación, Goity remarcó que no hay antecedentes de un hecho de estas características en la provincia ni en el país, y señaló que, hasta el momento, no se detectaron conflictos intraescolares que permitan explicar el ataque. Sí aparece, en cambio, una situación intrafamiliar compleja como parte del contexto del agresor.

Por su parte, desde Desarrollo Humano indicaron que no existían intervenciones previas sobre el adolescente y que el trabajo se concentra en la asistencia a la familia de la víctima desde el inicio.

La respuesta del Gobierno se ordena en capas: presencia en el territorio, coordinación institucional y un intento de encuadre frente a un hecho que desborda cualquier protocolo. En ese equilibrio, la gestión busca mostrarse activa sin sobreactuar, en un escenario donde todavía todo está en proceso de ser entendido.