La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad del juicio civil en la causa Vialidad y eximió a Cristina Kirchner del pago de $22.300 millones, al considerar que Vialidad Nacional dejó el expediente paralizado por más de seis meses.
La expresidenta Cristina Kirchner no deberá afrontar el pago de los 22.300 millones de pesos que el Estado le reclamaba en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad. La definición fue tomada por la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, que confirmó, en fallo dividido, la caducidad del proceso por falta de impulso del Gobierno nacional. Esta resolución también beneficia al resto de los condenados en el expediente donde a la exmandataria se le había impuesto una pena de 12 años sin pruebas concretas en su contra.
La acción civil se había iniciado el 25 de enero de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, con el objetivo de obtener un resarcimiento por presuntos daños al patrimonio público generados por la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, los abogados de Cristina Kirchner argumentaron que en abril pasado se cumplieron seis meses sin que Vialidad Nacional impulsara el procedimiento. Según el Código Procesal Civil y Comercial, esa inactividad derivó en el cierre definitivo del expediente.
En primera instancia, el juez Marcelo Dos Santos había aceptado la presentación de la defensa, que señalaba que entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2024 la representación judicial de Vialidad prácticamente abandonó el caso. Pese a que el actual titular del organismo, Marcelo Campoy, apeló la decisión, la Cámara ratificó la caducidad.
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi coincidieron en que el último acto procesal relevante se produjo el 17 de marzo de 2023, sin avances posteriores. En disidencia, la jueza Florencia Nallar advirtió que declarar terminado un juicio de esta forma es una medida extrema que debe aplicarse con cautela, para evitar que se convierta en un recurso que impida un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto.
