El tribunal porteño confirmó el apartamiento de cinco inversores como querellantes tras la designación de jueces impulsada por el Ejecutivo, limitando la acusación en el expediente por la promoción del criptoactivo.
La renovada Sala I de la Cámara Federal porteña debutó con una resolución que beneficia de lleno al oficialismo en la causa que investiga el colapso del token $LIBRA. Con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, el tribunal de apelaciones confirmó la exclusión de cinco damnificados que reclamaban ser reconocidos como parte querellante por las pérdidas patrimoniales sufridas tras la difusión pública del activo digital.
El expediente cobró fuerte repercusión política y judicial debido a que el propio presidente Javier Milei promocionó activamente el lanzamiento del activo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales antes de su desplome. La resolución de la Cámara no solo neutraliza el impulso de los denunciantes particulares, sino que marca el primer pronunciamiento de peso del fuero penal tras la reciente reconfiguración judicial promovida por la Casa Rosada.
El fallo judicial y el argumento de la falta de ardid
La decisión de la Sala I se originó a partir de un planteo de la defensa de Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa. Al evaluar el caso, los camaristas Llorens y Bertuzzi ratificaron el criterio inicial del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya había hecho lugar a la solicitud de los defensores para apartar del rol acusador a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.
En sus considerandos, los magistrados sostuvieron que los cinco inversores no lograron acreditar en esta etapa procesal la existencia de un ardid o engaño concreto destinado a inducirlos a adquirir el criptoactivo. Bajo este criterio, el tribunal consideró insuficiente el vínculo demostrado entre la promoción de la moneda, el perjuicio económico posterior y la presunta comisión de un delito penal, desestimando la legitimación de las víctimas para intervenir activamente en la causa.
Las consecuencias procesales para las víctimas y el factor político
El apartamiento de los denunciantes como querellantes tiene un impacto directo en el avance del expediente. Si bien la resolución no clausura la investigación principal ni descarta por completo la hipótesis delictiva detrás del colapso del token, despoja a los damnificados de facultades procesales clave: ya no podrán solicitar medidas de prueba, apelar futuras decisiones favorables a los imputados ni sostener una acusación paralela a la del Ministerio Público Fiscal.
La resolución coincidió temporalmente con la consolidación del nuevo esquema de jueces en los tribunales de Comodoro Py. La firma de Bertuzzi en la Sala I se dio inmediatamente después de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación y la de Pablo Yadarola a través del Decreto 848/2026, tras haber obtenido la aprobación de sus respectivos pliegos en el Senado. El pronunciamiento de la Cámara Federal reduce de forma significativa la presión judicial sobre el entorno presidencial, en un expediente sensible donde las pérdidas financieras continúan sin respuesta para los compradores minoristas.
