La desarticulación de una política sanitaria clave para la atención de bebés con cardiopatías congénitas generó fuertes críticas de especialistas y referentes políticos, que advierten sobre el impacto directo en la mortalidad infantil, la profundización de desigualdades territoriales y la vulneración del derecho a la salud de las infancias.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar en el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas encendió fuertes alertas en el ámbito sanitario y político, por su impacto directo en el derecho a la salud de niños y niñas en todo el país. Lejos de tratarse de una medida administrativa, especialistas y referentes advierten que se trata de un retroceso estructural que pone en riesgo la atención de una de las principales causas de mortalidad infantil evitable.

Cada año, miles de bebés nacen en Argentina con cardiopatías congénitas, patologías que requieren diagnóstico temprano, seguimiento permanente y acceso rápido a cirugías de alta complejidad. El programa nacional había sido diseñado para garantizar esa cobertura de manera federal, articulando hospitales, equipos médicos y sistemas de derivación entre provincias, especialmente en regiones sin infraestructura especializada.

La diputada nacional Cecilia Moreau denunció que el vaciamiento del programa constituye “una violación gravísima al derecho a la salud de las infancias” y recordó que la iniciativa fue convertida en ley en 2023, con amplio consenso parlamentario. Según explicó, ese respaldo buscó blindar la política pública frente a cambios de gobierno, algo que hoy vuelve a quedar en discusión.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación del equipo encargado de coordinar las derivaciones entre jurisdicciones. Esa estructura permitía que bebés diagnosticados fueran trasladados con rapidez a centros de alta complejidad, sin importar su lugar de nacimiento. Su desaparición fragmenta la atención y profundiza las desigualdades territoriales.

En cardiopatías congénitas, el tiempo es un factor crítico: una demora en la derivación o en una intervención puede generar secuelas permanentes o incluso la muerte. Además del impacto sanitario, el retiro del Estado nacional traslada costos y responsabilidades a las provincias y a las familias, muchas veces sin recursos para afrontar tratamientos complejos.

Para Moreau, la situación confirma una decisión política que prioriza el ajuste sobre la protección de los sectores más vulnerables. El debilitamiento de un programa clave reabre el debate sobre el rol del Estado y el cumplimiento efectivo de derechos básicos, especialmente cuando se trata de la salud y la vida de las infancias.