El fiscal Menucci dispuso un exhaustivo censo en los barrios comercializados por el Grupo del Sud para determinar cuántas familias habitan en los predios, qué tipo de construcciones levantaron y qué escribanías avalaron las operaciones.

La investigación penal que desentraña el millonario circuito de estafas con loteos clandestinos en la ciudad de La Plata sumó avances determinantes tanto en el plano operativo como en la recolección de pruebas de campo. En las últimas horas, la causa caratulada por los delitos de desobediencia y estafa dejó de tener imputados prófugos tras la presentación voluntaria de Nadia Antonella Lima en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones local. En paralelo a la resolución de las órdenes de captura, el Ministerio Público Fiscal ordenó una medida sin precedentes en el marco de la pesquisa: la realización de un censo minucioso e individualizado, vivienda por vivienda, en los predios comercializados de forma irregular en la periferia de la capital bonaerense.

Un censo exhaustivo para delimitar el alcance del fraude inmobiliario

La directiva procesal impartida por el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, instruye a los peritos y efectivos especializados de la DDI La Plata a constituirse de manera presencial en los desarrollos vinculados a las empresas del Grupo del Sud. Lejos de solicitar una aproximación general, la Justicia requirió un relevamiento riguroso de cada parcela para constatar la cantidad exacta de edificaciones levantadas, los grupos familiares afincados, el tipo y calidad de los materiales empleados, y la antigüedad real de la ocupación en cada caso.

El aspecto neurálgico de estas inspecciones apunta a reconstruir la vía por la cual los habitantes accedieron a las tierras. Los investigadores deberán relevar en qué condición jurídica habitan las familias —ya sea como supuestos propietarios, adquirentes, poseedores o inquilinos— y recolectar la documentación respaldatoria de las transacciones. En aquellos supuestos donde medió una compraventa, la orden judicial exige identificar los contratos suscriptos y consignar la intervención de los notarios y escribanías que intervinieron en las escrituraciones o certificaciones, una línea investigativa que busca deslindar responsabilidades profesionales en el armado del andamiaje comercial.

Todos los imputados detenidos y silencio en las indagatorias

El inicio del trabajo territorial coincide con el cierre del esquema de arrestos que había dictado la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Lima, quien figuraba como la última sospechosa con pedido de captura activo, se puso a derecho ante las autoridades policiales luego de que en días previos se concretara la detención de Milena del Sol Dell’Aqua en su domicilio y las posteriores presentaciones voluntarias del empresario Francisco Alberto Vila Basualdo y de Eugenia Martínez. Tras comparecer en sede judicial, Lima optó por no prestar declaración indagatoria, mientras su defensa técnica anticipó que solicitará su inmediata excarcelación antes de formalizar un descargo sobre los hechos.

El cuadro penal que enfrentan los acusados reúne una multiplicidad de acusaciones por estafas reiteradas. En la resolución judicial que ordenó las medidas cautelares, a Vila Basualdo y Martínez se les endilgan diez hechos cometidos mediante la venta de fracciones de tierra en zonas no urbanizables, sumando la imputada una acusación específica por uso de documento público falso. Por su parte, Lima está imputada en calidad de coautora en ocho episodios, mientras que a Dell’Aqua se le atribuye una participación necesaria en seis maniobras defraudatorias. Al igual que Lima, el resto de los directivos del conglomerado empresarial —representados por la defensa particular de Marcelo Peña— se negaron a declarar y tramitan sus pedidos de libertad ante el juzgado interviniente.

La lupa judicial sobre los desarrollos de Arana y Ruta 36

La instrucción penal focaliza sus esfuerzos en desentrañar las maniobras comerciales desplegadas en torno a los emprendimientos identificados como Sophenia, localizado en la localidad de Arana, y Garden, emplazado sobre el corredor de la Ruta 36 entre las calles 425 y 427. La hipótesis central de los pesquisas sostiene que los desarrolladores publicitaban y enajenaban parcelas prometiendo barrios cerrados o parcelamientos residenciales cuando, en términos de normativa urbana y catastral, se trataba de macizos de producción rural que legalmente no reunían las condiciones habilitantes para ser subdivididos, dotados de servicios esenciales ni escriturados de forma individual.

El expediente, que a comienzos de año derivó en dieciséis allanamientos simultáneos sobre oficinas céntricas y domicilios particulares con el secuestro de computadoras, expedientes comerciales y documentación contable, ingresa ahora en una fase probatoria decisiva. Con el cuerpo de imputados a derecho y las indagatorias formalizadas, el cruce de los datos recabados en el censo presencial con el análisis de los soportes informáticos incautados permitirá a la Justicia precisar cuántas personas resultaron damnificadas de buena fe, cuál fue el monto global del negocio clandestino y delimitar la responsabilidad de cada eslabón en la cadena de comercialización ilegal de tierras en La Plata.